Por Matias Rivera /Periódico La Edición
El presidente de Comisión Eléctrica del Rio Lempa (CEL), Daniel Álvarez, entregó información adicional que refuerza la acusación por corrupción en el caso del proyecto de la presa El Chaparral.
Las pruebas fueron presentadas al Juzgado Noveno de Instrucción, en San Salvador, donde se sigue el caso contra el expresidente Mauricio Funes y varios exfuncionarios.
El presidente de la autónoma, afirmó que además de dar más pruebas contra Funes, también se pidió que se ampliara la investigación a otros hechos irregulares en gestión de Salvador Sánchez Cerén.
“Exhorto a la Fiscalía General de la República, a continuar con las investigaciones en el caso El Chaparral no solo la gestión Funes, también pedimos que se investigue la administración del ex presidente Salvador Sánchez Cerén”, presidente de la autónoma.
Álvarez, dijo que también que en la gestión Sánchez Cerén, se trató de ocultar la corrupción de Mauricio Funes, y ese era otra de las líneas que la FGR debía investigar.
“Tenemos información de funcionarios de la gestión Cerén que intentaron cubrir los actos de corrupción cometidos durante el gobierno del ex presidente Mauricio Funes”, afirmó.
CEL entregó 17 cajas con más de 2 mil folios en cada una. Parte de la documentación presentada, es el contrato completo de ASTALDI y un informe actualizado de la energía no generada que en la que se dejó de percibir, que suma $112,67,990.64 por la pérdida en generación de 1,279.68 Gigavatios Hora (GWh) de energía.
En sus declaraciones el presidente de la institución detalló que El Chaparral es un proyecto mal ejecutado y que se convirtió en un mecanismo en el cual los gobiernos anteriores saquearon millones de dólares de los salvadoreños.
“Este es un compromiso que tiene el Gobierno del presidente Nayib Bukele, para que los gobiernos del FMLN y ARENA devuelvan lo que se han robado de este proyecto”, mencionó Álvarez.
Por el caso El Chaparral se acusa a Funes Cartagena y a otras personas de malversar fondos públicos, a cambio de recibir $3.5 millones en soborno para favorecer a la empresa italiana ASTALDI, que posteriormente abandonó los trabajos de construcción de la presa.
