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La Comisión Política estuvo a favor de derogar el artículo 210 de la Constitución de la República, mismo que ampara este mecanismo de financiamiento para solventar los gastos de campaña electoral en el que incurren los grupos políticos. Será el pleno legislativo el que decida si estos deberán autofinanciarse una vez suprimido dicho apartado.
Tras considerar que cada fracción partidaria debe ser apta para financiar sus propias campañas electorales, los diputados de la Comisión Política emitieron un dictamen a favor de derogar el artículo 210 de la Constitución de la República con el fin de eliminar la deuda política.
Dicho término se refiere al mecanismo de financiamiento con el que el Estado procede para solventar los gastos de campaña electoral en el que incurren los grupos políticos o coaliciones para elegir a funcionarios de elección popular conforme a la Constitución y a la Ley de Partidos Políticos, esta última data de 2013.
La sugerencia de la anulación se debe a que los parlamentarios consideran que este capital debería destinarse para atender las necesidades más urgentes de las políticas públicas del gobierno y así hacer un uso eficiente de los recursos estatales en áreas prioritarias para la población, como la salud y la educación.
Según lo planteado por la bancada de Nuevas Ideas, resulta incoherente que sea el Estado el que deba brindar los fondos, a través del Ministerio de Hacienda, a cada uno de los grupos políticos que participan en las elecciones populares y que hasta la fecha se les asigna de acuerdo a los votos válidos obtenidos durante dicho proceso.
“Lo que vamos a hacer es que el pueblo salvadoreño ya no esté manteniendo a ningún partido político. Si alguien quiere entrar al escenario político, pues que lo haga de la manera en la que siempre debió ser (con recursos propios)”, comentó el Presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.
De acuerdo a la inflación acumulada proporcionada por el Banco Central de Reserva (BCR), el precio de cada voto emitido en la elección de presidente y vicepresidente de la República en 2024 fue de $6.05; mientras que el de diputados de la Asamblea Legislativa fue de $3.28.
“Siendo congruentes, nosotros estamos cumpliendo con el clamor de los salvadoreños de una manera concreta al eliminar la deuda política”, indicó el funcionario.
Los artículos a derogar
Si el pleno legislativo decide dar sus votos a favor de que sean los partidos políticos los que deben autofinanciar sus campañas electorales y todos los gastos que esto implica, entonces además de eliminar el artículo 210 de la Constitución de la República también se derogaría el artículo 52 de la Ley de Partidos Políticos.
Actualmente, este apartado establece y refuerza que “los partidos políticos o coaliciones que participen en las elecciones, de conformidad al artículo 210 de la Constitución de la República, tendrán derecho a recibir del Estado, una suma de dinero por cada voto válido que obtengan en las elecciones para Presidente y vicepresidente de la República, para diputados al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y Asamblea Legislativa y para concejos municipales”.
“La deuda política está incluida en la Constitución cuando esta se conformó en 1983 y está regida por una ley secundaria, ahí dice cuánto y cómo se hace el procedimiento para entregar esos fondos”, dijo el presidente Castro, quien indicó que se anularían ambos artículos.
Será en la próxima sesión plenaria en donde se decidirá dar o no este paso, mismo que marcará un hecho histórico al aplicar una transformación solicitada, durante años, por la población.
“Esperamos que sean los 60 diputados los que voten a favor de eliminar este mecanismo de financiamiento político. Acá no podemos estar con medias tintas, porque es sí o no la respuesta que se debe dar”, concluyó el diputado.
El camino hacia el autofinanciamiento partidario
El primer paso para la eliminación de la deuda política, también a consideración del Presidente de la República Nayib Bukele, lo dieron los parlamentarios -el 29 de enero de este año- al ratificar la reforma al artículo 248 de la Constitución de la República.
Con esa revalidación hecha con 57 votos, en la sesión plenaria 41, se afirma el Acuerdo de Reforma Constitucional N °1, aprobado por la legislatura 2021-2024 (el 29 de abril de 2024) para modificar el inciso segundo del artículo 248 de la Constitución de la República. Este cambio permitirá que una misma legislatura apruebe y ratifique las modificaciones a la Carta Magna.