Decenas de refugiados aprobados para su traslado a EE.UU. vieron suspendidos sus viajes tras la orden ejecutiva de Trump, la cual enfrenta un reto en tribunal
Tomado de La Opinión
Por Jesús García
Tres organizaciones nacionales y locales que brindan servicios a refugiados y nueve personas presentaron una demanda contra el gobierno del presidente Donald Trump, luego de que el republicano suspendiera el programa de reubicación de refugiados.
“Cuando me dieron la oportunidad de mudarme a Estados Unidos, sentí que me habían dado una segunda oportunidad en la vida”, dijo el demandante Pacito, un refugiado congoleño que huyó de la guerra cuando tenía solo 13 años. “Mi familia vendió nuestras pertenencias y compró ropa y zapatos nuevos para nuestra nueva vida en Estados Unidos, pero el día antes de que teníamos que viajar recibí una llamada diciendo que nuestro vuelo había sido cancelado. […] Nos dijeron que el presidente Trump había cancelado todos los viajes de refugiados. Ahora no sé qué vamos a hacer, no tenemos nada”.
La demanda Pacito v. Trump es la primera que impugna la orden ejecutiva (EO, en inglés) del presidente Trump que suspende el programa de reasentamiento de refugiados de Estados Unidos (USRAP), así como los esfuerzos de la Administración Trump para afectar el USRAP al retener sus fondos asignados por el Congreso, para el procesamiento y los servicios de refugiados, indican las organizaciones demandantes.
“El nuevo litigio federal, presentado en el Distrito Oeste de Washington, solicita al tribunal que declare ilegal la EO, prohíba toda implementación de la EO y restablezca la financiación relacionada con los refugiados”, dicen los grupos demandantes.
La demanda fue presentada por el Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados (IRAP) en nombre de Church World Service (CWS), HIAS y Lutheran Community Services Northwest (LCSNW), las cuales trabajan para el reasentamiento de refugiados en EE.UU.
Como el caso de Pacito, la decisión del presidente Trump afecta a varias personas cuyos viajes fueron cancelados, a pesar de tener todo listo para mudarse al país tras un largo proceso que incluye revisiones de seguridad nacional.
“El presidente Trump no puede anular la voluntad del Congreso de un plumazo”, consideró Melissa Keaney, abogada supervisora sénior de litigios estadounidenses en IRAP. “Estados Unidos tiene la obligación moral y legal de proteger a los refugiados, y cuanto más se prolongue esta suspensión ilegal, más nefastas serán las consecuencias”.
Rick Santos, presidente y director ejecutivo de CWS, también abordó los daños “irrevocables” a los refugiados por la decisión de la Administración Trump.
“Estas acciones ejecutivas han separado a familias, abandonado a aliados militares de los EE.UU. y han dañado a las comunidades estadounidenses, incluidas las congregaciones que han trabajado y se han preparado para dar la bienvenida a sus nuevos vecinos en casa”, expuso.
Desde su arribo a la Casa Blanca, el presidente Trump ha firmado varias órdenes ejecutivas relacionadas con inmigración, incluida la emergencia nacional en la frontera, bloquear peticiones de asilo, avanzar con las deportaciones masivas e intentar bloquear con la ciudadanía por nacimiento para hijos de indocumentados.
Varias de sus órdenes han sido desafiadas en tribunales y, hasta ahora, la relacionada con la ciudadanía por nacimiento ha sido bloqueada por tres jueces.