La congresista Pramila Jayapal propone la ley ‘No a las redadas’ que busca evitar que se repita una historia de ‘crueldad’ en EEUU
Por Jorge Luis Macías Cortesía La Opinión
Crece la oposición al nuevo proceso de registro migratorio de la administración Trump que entraría en vigor el 11 de abril próximo y que exige que los inmigrantes sin documentos mayores de 14 años se inscriban o enfrenten multas de $5,000 dólares y penas de prisión.
Los directores ejecutivos de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), la Coalición de Inmigrantes de Nueva York (NYIC), la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (ICIRR), Promise Arizona y Make the Road States, condenaron esa política como una herramienta “cruel” para la deportación masiva y separación familiar.
Destacaron paralelismos históricos, como el internamiento de estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial, la repatriación de mexicanos de la década de 1950 y enfatizaron la necesidad de respaldar la iniciativa de ley “No a las redadas” de la congresista demócrata Pramila Japayal (D-Washington).
‘Dolor y maltrato terrible’
Los activistas Instaron, además, a que todas las personas emitan sus comentarios públicos sobre regla final que fue publicada el 12 de marzo por USCIS, y que reactiva una disposición de la ley de inmigración que ha permanecido prácticamente inactiva durante décadas: el requisito de que todos los inmigrantes que ingresaron sin visa se registren ante el gobierno federal y presenten un comprobante de su registro.
El gobierno de Trump está utilizando este proceso de la Ley de Registro de Extranjeros -conocida como Ley Smith-, junto con la ley penal federal tipifica como delito si no se registran o presentan un comprobante de registro. Con esto, su gobierno se está dotando de otra herramienta contra los inmigrantes: la amenaza de un proceso penal.
“Esta ley devastó comunidades y familias enteras”, dijo Angélica Salas, de CHIRLA. “Resultó en un dolor y maltrato terribles, pero también requirió una disculpa nacional por la violación de los derechos humanos, tanto constitucionales como civiles, emitida por el entonces presidente Ronald Reagan”.
La activista enfatizó que el proceso de registro es un intento de criminalizar a millones de personas que viven y contribuyen a su comunidad, presentándoles una disyuntiva, con una opción peor que la otra: Quienes se nieguen a registrarse o no se registren enfrentarán una multa de $5,000 y hasta seis meses de prisión.
Salas lanzó un mensaje a los funcionarios electos y ciudadanos estadounidenses de buena voluntad que se unan para condenar y detener la Ley de Registro, y para prevenir la separación de familias y la criminalización de millones de personas con profundas raíces en Estados Unidos y que contribuyen de forma integral a sus comunidades.
“No queremos repetir los horrores del internamiento japonés, [ni] el vergonzoso legado de las deportaciones masivas, ni hacer referencia a las repatriaciones de la década de 1930, donde inmigrantes mexicanos y sus familias fueron detenidos y deportados junto con ellas”, enfatizó.
“La hostilidad fue tan grande que más de un millón de personas abandonaron sus hogares y comunidades”, agrega. “No queremos repetir la Operación Espalda Mojada de 1954, que deportó a 1.7 millones de personas en un solo año. No podemos repetir esta vergonzosa historia. Debemos evitar que todo esto suceda”.
“Muéstrame tus papeles”
Cuestionados sobre si la ley de registro o “muéstrame tus papeles” tenía similitud con el requisito que la Alemania nazi de Adolfo Hitler hizo a los judíos para llevar una insignia en su vestimenta exterior en todo momento para distinguirlos de los cristianos, Murad Awawdeh, de NYIC respondió que, “el registro es un intento flagrante de la administración Trump de recrear todo lo que está mal actualmente en nuestra historia de inmigración, desde intentar restringir la libertad de expresión, incluyendo esta política draconiana de registrarse”.
Awawdeh reconoció que la ley de registro “es similar [al registro de judíos] a las reiteraciones anteriores de atacar a las comunidades vulnerables y marginadas”.
“Esta es otra forma de librar una guerra y atacar a nuestras comunidades. No lo toleraremos”, subrayó.
Manchas vergonzosas en la historia de EE. UU.
La Ley “No Roundup” (No a las redadas) que ha propuesto la congresista Pramila Jayapal, busca derogar el requisito del registro y proteger los derechos de los inmigrantes.
Jayapal, miembro de mayor rango del Subcomité de Integridad, Seguridad y Control de la Inmigración, presento la legislación que deroga la ley de inmigración que Trump pretende utilizar como medio de deportación masiva.
“Esta política está asociada con algunas de las manchas más vergonzosas en la historia de nuestro país, incluyendo el internamiento reaccionario y xenófobo de más de 120,000 personas de ascendencia japonesa en campos de concentración en todo Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, así como la discriminación racista y xenófoba tras el 11 de septiembre”, declaró Jayapal.
En los campamentos de internamiento encarcelaron aproximadamente a 10,000 japoneses-americanos en Owens Valley,- entre Sierra Nevada y las montañas del condado Inyo, en California, consistía en barracones, con poca privacidad y están rodeados de alambre de púas y torres de vigilancia. Miles más fueron encarcelados en Washington, Oregón y Arizona. Los campamentos consistían en barracones, con poca privacidad, y estaba rodeado de alambre de púas y torres de vigilancia.
Además del internamiento de japoneses, otros intentos previos de utilizar este sistema de registro también han incluido el Sistema de Registro de Entradas y Salidas de Seguridad Nacional (NSEERS) posterior a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Esta última medida sometió a 13.000 personas, principalmente de países de mayoría musulmana, árabes, africanos y del sur de Asia, a procesos de deportación, pero no resultó en ninguna condena por terrorismo. Posteriormente la Oficina del Inspector General de Seguridad Nacional la determinó como ineficiente y un desperdicio de recursos.
El proyecto de ley está patrocinado por otros 21 congresistas demócratas, incluyendo a Judy Chu, Luis Lou Correa, Lateefah Simon, Juan Vargas y Jimmy Gómez, de California.
“Firmes frente al fascismo”
Lawrence Benito, director ejecutivo de la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (ICIRR) con sede en Chicago, recordó que, a lo largo de la historia, el gobierno estadounidense ha intentado decirles a los inmigrantes que no pertenecen a este país.
“La exclusión de los chinos, el encarcelamiento de los estadounidenses de origen japonés, la repatriación de los mexicanos son parte de una lista incompleta de ejemplos de cómo el gobierno de Estados Unidos les dice a nuestras comunidades que somos algo fuera de lo común y toma medidas extremas para destruir vidas”, indicó.
Al mismo tiempo que afirmo que las familias inmigrantes merecen dignidad y respeto, todas las familias requieren de un camino hacia la legalización, “no con secuestros masivos ni detenciones intensificadas”.
Manifestó que las comunidades podrían aprovechar el poder popular para oponerse a la administración Trump y cambiar el rumbo de la historia.
“Podemos mantener nuestras comunidades unidas y firmes frente al fascismo”, puntualizó.
“Secuestraron a Yolanda Pérez”
Renata Bozzetto, subdirectora de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC), catalogó como “despiadada estafa” el registro de inmigrantes indocumentados impulsado por la administración Trump.
“Esto no es solo papeleo”, expresó. “Es un intento calculado de separar familias, a las madres de sus hijos, a los trabajadores de sus empleos y a nuestros vecinos de sus comunidades. Está diseñado para perseguir a personas queridas y miembros de la comunidad que han vivido aquí durante años y que han contribuido y construido sus vidas en Estados Unidos”.
La activista recordó el caso de Yolanda Pérez, la madre de una niña enferma de cáncer quien ha sido liberada bajo fianza, luego de ser arrestada el 24 de febrero por agentes del el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), quienes buscaban a su hijo.
La mujer indocumentada había sido retenida en el Centro de Detención de Otay Mesa, en San Diego. Su caso atrajo la atención nacional, ya que es la principal cuidadora de su hija.
“Si eso les parece un secuestro, es porque se trata de un secuestro”, afirmó Bozzetto. “Yolanda Pérez, quien no tiene antecedentes penales y es la única cuidadora de su hija, quien lucha contra esta terrible enfermedad, fue secuestrada por esta administración”.