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La labor de dicha institución se fortalecerá, luego de que la Asamblea Legislativa reformó la Ley de Protección al Consumidor para continuar velando por los derechos de los salvadoreños en casos de sobreendeudamiento, transferencia de información crediticia y publicidad engañosa.
Para brindar herramientas a la Defensoría del Consumidor y proteger a la población salvadoreña de las prácticas abusivas de las empresas, la Asamblea Legislativa reformó con 57 votos, la Ley de Protección al Consumidor. Los cambios a la normativa contemplan una serie de obligaciones que deben cumplir los proveedores de servicios para evitar prácticas abusivas en contra de los consumidores y para que sus servicios y comercialización de bienes tengan altos estándares de calidad.
Las enmiendas establecen que en casos en los que el consumidor tenga un sobreendeudamiento que le imposibilite el pago oportuno de una o varias deudas, podrá solicitar a la Defensoría del Consumidor asesoría para buscar una reestructuración, refinanciamiento o cualquier otro tipo de arreglo.
“Para nosotros es importante que los salvadoreños gocen de una buena economía, que los salvadoreños tengan finanzas sanas y que se sientan protegidos en sus derechos financieros”, sostuvo el diputado William Soriano.
Además, el decreto prohíbe a los proveedores ofrecer, vender o poner a disposición bienes o servicios a precio superior al ofertado por cualquier medio escrito o mediante avisos o carteles fijados en lugares visibles del establecimiento o etiquetas adheridas a los bienes.
Tampoco podrán recopilar, consultar, utilizar y transferir a cualquier título o destino los datos personales y crediticios brindados por los consumidores o clientes a los proveedores, sin la autorización o el consentimiento expreso de su titular. Esta información solo podrá ser recopilada o transferida a los burós de crédito.
La legisladora Dania González explicó que las limitantes en la transferencia de información se deben a la homologación de la Ley del Historial Crediticio, que indica que las instituciones financieras no pueden compartir datos personales o el récord crediticio de los clientes.
González destacó que la Ley de Protección al Consumidor fortalece las competencias de la Defensoría del Consumidor para que pueda actuar y proteger a los consumidores.
“Esa es la naturaleza de la Ley de Protección al Consumidor, es importante proteger a los usuarios de los abusos de agentes económicos e instituciones financieras. Ahora, los derechos de los consumidores sí se están protegiendo”, aseguró la parlamentaria.
Las herramientas legales aprobadas durante la gestión pasada y la actual están reflejando frutos y, según los diputados, al cierre de 2023, se regresaron $4.4 millones a las familias salvadoreñas que tuvieron problemas con los servicios financieros.