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La Asamblea Legislativa aprobó la transferencia de tres terrenos al Fonavipo para que los habitantes de las comunidades Kiwanis, en Soyapango; 1° de Junio, en San Martín, y Nicaragua, en San Salvador, sean beneficiados con la legalización de terrenos.
“Este día, vamos a hacer justicia; vamos a hacer lo que siempre se tuvo que hacer: vamos a legalizar sus terrenos, gracias a la iniciativa del Presidente Nayib Bukele, a su Gobierno y a la gobernabilidad que, hoy por hoy, estamos viviendo”. Así inició el presidente del Órgano Legislativo, Ernesto Castro, la sesión plenaria número 15, en la que fueron aprobados tres dictámenes que permitirán que decenas de familias capitalinas que han esperado décadas para tener casa propia.
Con 60 votos, los diputados autorizaron al Ministerio de Defensa a transferir al Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo), en concepto de donación, una porción de inmueble que formó parte de la finca Venecia, en el distrito de Soyapango.
En ese lugar, desde septiembre de 2002, se asentó la comunidad Kiwanis conformada por 220 familias de escasos recursos económicos, las cuales perdieron sus hogares durante los terremotos de enero y febrero de 2001.
“La comunidad Kiwanis era una chatarrera, tuvimos que esperar 22 años para tener escrituras de propiedad. En ese tiempo, pasaron tantos políticos y alcaldes y nunca hicieron nada. Hoy, hemos contado con el apoyo de Nuevas Ideas”, expresó un líder de la localidad.
El legislador Castro y sus colegas Christian Guevara y Diana Fuentes recordaron el respaldo que el doctor Armando Bukele (fallecido en 2015), padre del Presidente República, les brindó a los residentes de la comunidad para que pudieran tener acceso a una vivienda digna.
En su momento, el doctor Bukele financió 125 casas para las familias de esa comunidad y las alentó a luchar hasta que consiguieran legalizar los inmuebles, mencionó el parlamentario Castro, durante la plenaria en la que estuvieron presentes los beneficiados.
“La comunidad Kiwanis ha pasado 22 años hasta llegar a este día, 22 años en los que estoy seguro de que recibieron muchísimos engaños, hubo gente que les dio la espalda, personas que les prometieron y, a la hora de las horas, simplemente ocupaban sus necesidades para chantajearlas. Hoy, se está haciendo historia. Estamos haciendo lo que los políticos, anteriormente, nunca quisieron hacer”, aseveró Castro.
Melvin Alfaro, uno de los beneficiados, expresó: “Ya no vamos a vivir en la incertidumbre de que mañana nos quitarán porque van a hacer una cosa y nos van a desalojar y a saber para dónde nos van a mandar. Vamos a tener la tranquilidad sobre la legalidad de los terrenos”.
Más de 150 familias tendrán certeza jurídica sobre inmuebles
Decenas de familias de la comunidad 1° de junio, del distrito de San Martín, también podrán legalizar los inmuebles en los que habitan, desde hace varios años. Los legisladores facultaron, con 60 votos, el traspaso al Fonavipo de un terreno situado en Las Joyas de Apazonte, en la finca Gran Bretaña, para ser cedido a los lugareños.
La diputada Elisa Rosales señaló que con ello se les brindará seguridad jurídica a las 156 familias a las que los gobiernos anteriores nunca ayudaron.
“Este es el logro de cada uno de ustedes que han venido trabajando, que se han organizado en sus comunidades y han velado por el bienestar de todas las familias. Representa el reflejo de la lucha que han tenido por muchas generaciones”, aseguró Rosales.
Teresa Rauda, una de las habitantes, aseguró que durante 15 años hicieron gestiones en diferentes instituciones en su afán de poder legalizar los inmuebles.
“Hemos pasado mucho sufrimiento. Llegamos a un terreno en donde solo construimos casas de tres láminas y plásticos alrededor. En tiempo de lluvia, el agua pasaba debajo de las camas; y con el acecho de las pandillas, si nos les dábamos dinero, no nos dejaban estar ahí”, afirmó Rauda.
Los diputados también destacaron “el trabajo de territorio” que ha realizado la titular del Ministerio de Vivienda, Michelle Sol, con el fin de cumplir el mandado de la Constitución de la República que establece que el Estado debe procurar que el mayor número de familias sean propietarias de su vivienda.
Los registros de dicho ministerio señalan que, hasta la fecha, se han entregado más de 45 mil escrituras en todo el país y se han recuperado $225 millones de patrimonio a favor de las familias.
Proyecto favorecerá a pobladores en riesgo
Las familias afectadas por desastres naturales, como inundaciones o terremotos; así como a las que viven en situaciones de alto riesgo y vulnerabilidad, riesgo social u otros acaecimientos en perjuicio del derecho a la vivienda se beneficiarán con un decreto aprobado por los parlamentarios.
Con 60 votos, la Asamblea autorizó al Ministerio de Obras Públicas a traspasar un inmueble ubicado en el final de la calle Los Viveros, conocida como Saburo Hirao, en la colonia Nicaragua, del barrio San Jacinto, en distrito de San Salvador.
En ese lugar el Gobierno construye un proyecto habitacional que albergará a 80 familias de las comunidades aledañas, quienes históricamente han sido afectadas por el desbordamiento de ríos o desprendimientos de tierra.
Mayra López, una de las representantes de la comunidad, relató que las familias pasaron 25 años solicitando un predio seguro, en donde sus vidas no corrieran peligro por el desbordamiento de la quebrada El Garrobo.
“Hoy, se hace realidad un sueño para los habitantes de la colonia Nicaragua, quienes durante muchos años han venido pidiendo que se les dignificara, que se les tomara en cuenta… Ellos están dando su mano de obra y nosotros, en esta Asamblea, le estamos dando las herramientas jurídicas para que cada familia sea dueña de lo que están construyendo”, señaló el parlamentario Rubén Flores.
Reformas a ley de regularización de lotes permitirá hacer justicia a víctimas de estafa
En la sesión plenaria también fueron aprobados, con 57 votos, cambios a los artículos 9, 10 y 11 de la Ley Especial para la Regularización de Lotificaciones y Parcelaciones de Uso Habitacional.
Lo que se pretende con las modificaciones a la normativa es hacer justicia a las familias estafadas con la venta ilegal de lotes. Para ello, se simplificarán los procesos que les permitan obtener la documentación que certifique que son propietarias de los terrenos que, con esfuerzo, pagaron por años a lotificadoras, sin que estas les entregaran sus escrituras.
“Este día quedará en la memoria de las personas a las que, durante años, se le vulneró su derecho al acceso a la vivienda y a su seguridad jurídica, porque las leyes no eran hechas para la mayoría de los salvadoreños, sino para un pequeño grupo”, apuntó la legisladora Lorena Fuentes.
Los cambios en el artículo 9 permitirán comprobar la comercialización de los lotes con la presentación que hagan los lotificadores de información verídica, a través de los contratos firmados con las familias.
En la ley actual, se pide que estén inscritos, habitados o construidos, como mínimo, el 25 % de los lotes totales de una lotificación; con la aprobación hecha por los parlamentarios no se exigirá este requisito.
Con la modificación del artículo 10 se ampliará a 24 meses el plazo para que los desarrolladores puedan declarar su lotificación comercializada ante las autoridades y en un máximo de dos años posteriores a ese proceso debería someterse a la regularización de la lotificación, de lo contrario se procedería conforme al régimen sancionatorio contemplado en la ley.
Mientras que con la reforma al artículo 11 ya no se pedirá a los desarrolladores una resolución razonada sobre el trámite, sino una certificación simple.
“Esta reforma le dará dientes a la institución (Vivienda) para estudiar de oficio el tema o a petición de una de las partes afectadas. Además, habrá una reducción de trámites engorrosos por los que, algunas veces, las lotificadoras no pueden tener en regla la documentación”, señaló la diputada Elisa Rosales.
