Buscan ampliar vigencia de ley que sanciona ilegalidades en venta de derivados del petróleo

Cortesía Asamble Legislativa

Con dicha enmienda, a implementarse hasta el 31 de julio de 2024, se obligará a los comerciantes de estos productos a permitir las inspecciones del MINEC para que tomen muestras, verifiquen pesos y documentación con el fin de que el producto sea de mejor calidad y a un precio justo.

Para cuidar la economía de las familias salvadoreñas y evitar el cometimiento de abusos por parte de empresas que venden derivados del petróleo, los diputados de la Comisión de Economía emitieron un dictamen favorable para prorrogar la normativa que castiga estas acciones.

De acuerdo a dicha mesa de trabajo, la extensión de la Ley Especial Transitoria para Sancionar Infracciones a la Comercialización de Productos Derivados del Petróleo se implementará hasta el 31 de julio de este año.

Con la extensión de la normativa — que fue avalada por primera vez en marzo de 2022 — se mantendrá la vigilancia del Estado, a través del Ministerio de Economía.

Además, se regularán y sancionarán los abusos en la distribución y comercialización de los productos del petróleo relacionados con la cantidad, calidad y precio de la gasolina y el gas licuado.

Con dicha enmienda se obligará a los comerciantes de estos productos a permitir las inspecciones de los delegados de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas para que tomen muestras, realicen pruebas, ensayos, verifiquen pesos, medidas y documentación con el único fin que el producto sea de mejor calidad y bajo un precio justo.

Las empresas, además, deben respetar el precio máximo de venta del gas licuado en cilindros portátiles, de uso doméstico, establecidos por el Ministerio de Economía. Así mismo, la normativa obliga a los establecimientos a cumplir con la legislación y los reglamentos técnicos nacionales y regionales respetando las especificaciones de calidad, cantidad y seguridad.

El incumplimiento de estas obligaciones hace acreedora a la empresa de sanciones administrativas, que consisten en multas que van desde los 500 salarios mínimos hasta los $10 mil.

Al sancionar las ilegalidades en los precios y distribución de estos productos se protegerá el bolsillo de todos los salvadoreños. Así, se continuará trabajando por el bienestar y desarrollo económico de la población.

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