Después de la difusión de la noticia de posibles pagos a familias separadas por parte del gobierno de Estados Unidos, se han disparado los intentos de extorsión a sus parientes en sus países de origen, aunque pocas víctimas reportan los hechos a algún abogado

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por La Opinión

En 2018, una mujer de ahora 30 años vivió momentos de terror cuando fue separada de su hijo, entonces de apenas 6 años, por autoridades que actuaron motivadas por las políticas de ‘tolerancia cero’ que regían durante el mandato del expresidente Donald Trump.

Actualmente, ambos viven juntos en Carolina del Norte. La mujer trabaja en la construcción y su salario no le permite grandes lujos. Sin embargo, criminales piensan que ella ha recibido una compensación económica de miles de dólares, dinero que no tiene, pero que los delincuentes quieren arrebatarle a través de sus familiares en Honduras.

La madre de la migrante asegura que pandillas le han enviado notas escritas, pidiéndole $5,000 dólares de forma mensual.

Citada por The Associated Press, la mujer que no quiso revelar su identidad por motivos de seguridad, dice sarcástica: “Aparentemente yo soy millonaria”.

La verdad es que yo no tengo dinero para pagar esa cantidad y la verdad es que tampoco sé cómo hacer. Realmente estoy desesperada”, dijo.

El medio afirma que, después de la difusión de la noticia de posibles pagos a familias separadas por parte del gobierno de Estados Unidos, se han disparado los intentos de extorsión a sus parientes en sus países de origen, aunque pocas víctimas reportan los hechos a algún abogado.

Pero aunque parezcan casos aislados, son reflejo de un problema generalizado en Centroamérica, la extorsión, que, entre otros varios problemas, motiva a muchas personas a pedir asilo en Estados Unidos.

Y aunque todavía no se realiza ningún pago a estas familias migrantes, tanto abogados como activistas temen que una potencial compensación económica motive más amenazas.

En sentido similar a la anterior migrante se pronuncia un hombre de 47 años, que tiene un negocio en el norte de Guatemala, y cuya esposa e hijo vivieron tres años atrás la separación en la frontera. Asegura que vive con miedo y que se ha visto obligado a cambiar su número telefónico cada dos semanas.

“Mi vecino me dijo: ‘ya tienes dinero porque te dieron lo de las personas que están separadas en Estados Unidos’. Y le respondí: ‘no. No sé nada de eso’”.

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