Cortesía prensa de la Asamblea Legislativa
La Mesa de Trabajo está brindando voz a cada una de las peticiones y necesidades de la población en materia laboral.
Los diputados de la Comisión de Trabajo expusieron los resultados de los proyectos obtenidos al interior de dicha mesa, desde que tomaron las riendas como nueva Asamblea Legislativa, y que catalogaron como “Logros laborales”.
Hasta la fecha, son cinco los dictámenes favorables que han sido elaborados por la referida comisión y que posteriormente han sido aprobados en el pleno legislativo.
El Salvador reafirmó el compromiso entre El Salvador con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tras la ratificación de cinco convenios marcando con ello un paso importante en sus esfuerzos por asegurar el trabajo decente para todos sus ciudadanos: El 102 que trata sobre la norma mínima de seguridad social (1952); el convenio 190, que es del acoso y violencia (2019); El 148, con el que se protege a los trabajadores contra los riesgos profesionales debido a la contaminación del aire, ruido y vibraciones en el lugar de trabajo (1977); finalmente, el convenio 183, que abarca la protección a la maternidad (2000).
“Nos hemos planteado realizar actos de justicia laboral entre los empleados y empleadores, a fin de mejorar sus condiciones. Estamos cumpliendo con las peticiones que la población por años nos había pedido”, aseguró el diputado presidente de la junta, Edgardo Mulato.
Otro resultado obtenido por la comisión fue la aprobación de la reforma del artículo 29 del Código de Trabajo, que trata sobre prestación de seguro social para trabajadores temporales y en periodo de prueba.
Con esta reforma se garantiza el ingreso al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) para dar protección a la salud de todo trabajador sin distinción del tipo de trabajo que realiza y plazo.
El Código de Trabajo fue avalado en el país el 23 de junio de 1972, con el propósito de regular armoniosamente las labores entre empleado y empleadores, pero dejó afuera a los empleados temporales o que estén a prueba.
“Desde que iniciamos nuestra gestión, hemos velado por los derechos de los trabajadores para garantizarles el apoyo que solicitaban. Realizamos reformas que se necesitaban desde hace muchos años”, argumentó la diputada Janneth Molina.
Por otro lado, los parlamentarios aprobaron la modificación del artículo ocho de la Ley de Asuetos, Vacaciones y Licencias de los Empleados Públicos, que plasma los derechos de incapacidades por parte de los empleados desde el momento de la contratación.
Ahora, todos los trabajadores gozan de licencia con goce de sueldo por incapacidad en caso de enfermedades, accidentes comunes, maternidad y riesgos profesionales, desde el primer día en el que ingresa a una institución, ya sea pública o privada.
“Hemos adquirido un compromiso para velar por los empleados y empleadores. Estamos buscando que se generen más fuentes laborales y que los trabajadores se desarrollen en ambientes idóneos”, explicó el parlamentario Ángel Lobos.
Además, el pleno votó a favor del dictamen emitido por la comisión sobre la reforma al artículo nueve, inciso 4° y 5°, de la Ley del Servicio Civil.
Con dicha actualización ahora se establece de forma clara y precisa las atribuciones y facultades que debe tener el presidente del Tribunal del Servicio Civil, mejorando la organización administrativa institucional, lo que se traduce en seguridad jurídica para los empleados que acuden a esa instancia.
Otro de los alcances obtenidos fue la reforma sobre sanciones al infractor contemplado en el artículo 627 del Código de Trabajo.
Con esta reforma se garantiza que los patronos cumplan con sus obligaciones, se ha actualizado las sanciones impuestas a los empleadores que vulneren las prestaciones laborales de sus trabajadores con una multa que responda con la realidad actual.
Este artículo de la normativa, que vela por la jurisprudencia laboral, fue creado en 1972 y desde esa fecha nunca había sido actualizado, por lo que no estaba acorde a la realidad debido a que era tan solo el 16% del salario mínimo vigente.
La actualización harán incurrir al infractor en una multa hasta de 12 salarios mínimos del sector industria, comercio y servicios por cada una de las prestaciones que han sido vulneradas; lo anterior dependerá del tamaño de la empresa, sin que por ello deje de cumplirse el pago de las prestaciones laborales.
“El Salvador ratifica convenios y leyes que van de la mano con las necesidades de los trabajadores, no como en el pasado que aprobaban aspectos que no respondían a las peticiones de la población”, puntualizó la diputada Ivonne Hernández.
“Según la encuesta de Fundaungo, la población aprueba con un 81.4% el trabajo de la nueva Asamblea, lo que significa que estamos haciendo las cosas bien. Esta aceptación por parte de los salvadoreños no se había visto antes”, expresó el diputado Mulato.
