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Este miércoles, la Asamblea Legislativa deberá elegir a 10 magistrados de entre los 30 profesionales que fueron entrevistados. Los nuevos funcionarios deberán asumir sus cargos el 1 de agosto.
La Comisión Política de la Asamblea Legislativa finalizó las entrevistas de candidatos para las magistraturas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y emitió un dictamen favorable para que, en la sesión plenaria de este 31 de julio, los 60 diputados elijan a los jueces que tomarán las riendas de la institución, a partir del 1 de agosto.
En la intervención final se revisaron los perfiles de las personas propuestas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a la que le corresponden dos magistrados propietarios y dos suplentes, para contemplar la terna de 10.
Tanto el Código Electoral, en su artículo 59, como la Constitución de la República, en el 208, establecen que el TSE estará integrado por 10 magistrados, cinco propietarios y cinco suplentes.
El artículo 208 establece que la presidencia de la entidad electoral le corresponde al partido político que haya obtenido el mayor número de votos en la elección presidencial, en este caso Nuevas Ideas; las otras dos plazas le corresponden en orden correlativo al segundo y tercer lugar de las elecciones, FMLN y ARENA respectivamente.
La terna de la CSJ estaba conformada por los candidatos propietarios Sofía Guadalupe Paniagua Meléndez, Gloria Margarita Guillén Méndez, José Fernando Gamero Figueroa, Karla Cecilia Guandique de Miranda, Romy Dayanara Villalta Callejas y Ascari Jubal Manzanares Urquilla.
Además, propuso como suplentes a Mario Antonio Alas Ramírez, Daniel Edgardo Menéndez García, Pablo Mauricio Martínez Molina, Francisco Fernando Molina Castro, Sandra Yesenia García Ascencio y Buenaventura Cruz Meza.
Apuesta por modernizar
En la primera jornada de trabajo, que se realizó por la mañana, los candidatos a magistrados propietarios coincidieron en que es imperante una modernización del TSE para garantizar procesos eficaces y transparentes que restablezcan la confianza de la población.
El denominador común, durante las intervenciones, fue la iniciativa de fortalecer el sistema informático y ampliar la práctica del voto electrónico, considerando que funcionó su aplicación para que la diáspora votara en los comicios de este año; además, sostuvieron que se tiene que potenciar esta modalidad en el territorio salvadoreño.
La propuesta más atrevida fue la del candidato José Gamero Figueroa, quien propuso reformas al actual Código Electoral, e incluso crear uno nuevo, al tipificar que el que se aplica actualmente responde al sistema bipartidista que por 30 años impuso Arena y el Fmln.
Y fue más allá al plantear una restructuración amplia del organismo colegiado, al separar la parte administrativa de la jurisdiccional. Para el entrevistado se puede crear un Colegio o Instituto Electoral que maneje las elecciones y un Tribunal, Cámara o Sala que maneje la parte jurídica.
Sin embargo, aclaró, que esta parte no corresponde propiamente al TSE, sino más bien a la Asamblea Legislativa.
Una parte ampliamente debatida fue la cultura cívica de la población. Los candidatos coincidieron en que se realizan campañas previas a los procesos electorales y luego desaparecen, pero se debe trabajar permanentemente en la educación cívica, un proceso que resulta largo.
En ese sentido, Romy Villalta Callejas propuso la creación de un Instituto Cívico Electoral que funcione permanentemente.
Durante las entrevistas presentaron dudas Sofía Paniagua Meléndez y Gloria Guillén Méndez. La primera no supo responder por algunos procesos de investigación profesional que se le asignan y la segunda ante cuestionamientos jurídicos realizados por el diputado Caleb Navarro.
Por la tarde, la mesa legislativa entrevistó a los seis aspirantes a magistrados suplentes.
Mario Antonio Alas Ramírez, expuso que es abogado con 30 años de servicio en diferentes instituciones del Estado, entre ellas la Corte Suprema de Justicia, donde actualmente labora.
Él expresó que, de ser elegido en el cargo, le apostaría a capacitar a los estudiantes del país, en los diferentes niveles, para generarles conciencia e interés en participar en los procesos electorales.
Además, se refirió a la necesidad de que el TSE disponga de equipo informático certificado y personal idóneo para garantizar que no ocurran fallas al momento de procesar y transmitir los resultados de una elección.
Otro entrevistado fue Daniel Edgardo Menéndez García, quien ejerció como abogado particular y en instituciones públicas como el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA) y el TSE.
Según él, propondría la implementación del voto electrónico en el país y que se deje únicamente la modalidad de votación por internet para los salvadoreños en el exterior.
En su turno, el abogado Pablo Mauricio Martínez Molina expresó que ha laborado colaborador jurídico en el Órgano Judicial, como asesor en los ministerios de Agricultura y de Trabajo y como docente universitario.
Él propuso la creación de instrumentos legales que permitan la modernización del TSE y la inclusión de tecnologías de información para garantizar el éxito de los procesos electorales en el país.
Martínez aseguró que también impulsaría reformas que permitan un mejor funcionamiento de los organismos electorales temporales, para que no se repitan los fallos logísticos que hubo en los comicios pasados, puntualmente con la falta de remuneración a las personas que integraron las Juntas Receptoras de Votos.
El abogado Francisco Fernando Molina Castro es capacitador en la Escuela de Capacitación Fiscal, docente universitario y consultor. Además, se desempeñó como colaborador jurídico en el Órgano Legislativo.
Molina expuso a los legisladores que decidió postularse como candidato a magistrado suplente porque considera que el TSE es uno de los organismos más importantes del Estado, ya que es el que tutela de forma directa los derechos políticos de los ciudadanos.
Su apuesta es que se modernice el organismo colegiado, que se eduque a la educación en materia electoral y que se impulse la transparencia de la institución.
También señaló que propondría legislar para que el ente invierta en seguridad digital para responder, junto con otras instituciones del Estado, ante un ciberdelito, como un jaqueo al padrón electoral o una exposición de datos sensibles como nombres de los electores, números de documentos de identidad o direcciones.
Sandra Yesenia García Ascencio es abogada que se desempeña como instructora de capacitación en el TSE, dentro y fuera del país.
Sobre las capacitaciones en el tema del voto en el exterior, para el personal operativo y los electores, dijo que el organismo electoral debe hacer alianzas con diferentes instituciones del Estado para hacer una campaña más fuerte para “hacer el voto más accesible a todos”.
El abogado Buenaventura Cruz Meza ha laborado en la Fiscalía General de la República y actualmente se dedica al ejercicio libre de la profesión.
Cruz aseguró que, de ser electo, trabajaría por garantizar la constitucionalidad de los procesos electorales.
En las jornadas anteriores la Comisión Política entrevistó a los candidatos del FMLN, ARENA y Nuevas Ideas, que igualmente tuvieron coincidencias en la necesidad de la modernización del TSE y la aplicación del voto electrónico.
Proceso de elección transparente
El presidente de la Asamblea Legislativa y de la Comisión Política, Ernesto Castro, reiteró que se hará un análisis responsable de los perfiles profesionales de los candidatos y se garantizará que reúnan todos los requisitos que exige la ley para ocupar el cargo.
“Todo esto es con la finalidad de que los procesos de elecciones de funcionarios se realicen de una manera dinámica, democrática, participativa y trasparente de cara a la población, a los diferentes medios de comunicación y redes sociales”, expresó el diputado Castro.
Como ha ocurrido desde la legislatura pasada, para transparentar los procesos de elección de funcionarios de segundo grado, las sesiones de trabajo para entrevistar a los candidatos a magistrados del TSE fueron públicas, abiertas a los medios de comunicación y se difundieron, en vivo, a través de las redes sociales de la institución, radio y televisión legislativas.
