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El único objetivo que persigue la reducción del número de alcaldías en el territorio nacional es que los recursos sean optimizados y se usen para obras que beneficien a los ciudadanos, evitando que la mayoría de los fondos con los que cuentan los gobiernos locales se gasten en salarios, bonos y otras cuestiones administrativas y evitar que caigan en actividades vinculadas con la corrupción.
En un país de 21,000 kilómetros cuadrados, ya era necesario reorganizar la división política administrativa en distritos, y así mejorar los servicios a los pobladores. Esta medida propiciará una distribución equitativa de los impuestos, ya que se podrá dar más fondos a los municipios más pequeños y pobres.
El Ministerio de Hacienda ha calculado un ahorro de $250 millones –en un año– al reducir de 262 municipios a 44 mediante la Ley Especial para la Restructuración Municipal.
Dicha reducción no eliminará las tradiciones de cada municipio ni se perderán sus fiestas patronales. Tampoco implica un aumento en el pago de los impuestos de los ciudadanos.
Esta nueva disposición permitirá que los municipios más pobres reciban más fondos al formar parte de un conglomerado de otros municipios que tienen fuertes ingresos.
Este Gobierno ha dejado en evidencia que El Salvador ha sido mal manejado administrativamente por décadas, ya que los antiguos políticos nada más respondían a sus financistas y se cuidaban de no perjudicar el reparto de las plazas en las alcaldías.
Toda esa situación que afectaba las expectativas de futuro para los salvadoreños está cambiando, porque el Gobierno está implementando medidas que benefician a la población y no a grupos de políticos.
El Presidente Nayib Bukele ha resaltado que esta es una decisión que no podía seguir aplazándose para garantizar una mejor gestión pública y tener los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la población.
