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La Comisión de Hacienda dictaminó a favor de que en la cartera de Agricultura se cree una nueva unidad presupuestaria para que la Dirección General de Vinculación financie el programa de entrega de insumos agrícolas y garantice la seguridad alimentaria.
En la jornada de trabajo de este 12 de febrero, los parlamentarios estudiaron una iniciativa para hacer cambios a la Ley General de Presupuesto 2024, a fin de incorporar $19,332,674 para que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a través de la Dirección General de Vinculación Territorial de Abastecimientos, creada el pasado 10 de enero, pueda ejecutar la entrega de insumos agrícolas.
Laura Arce, subdirectora general de Presupuesto, explicó que lo que se pretende es crear una nueva unidad presupuestaria para que la referida dirección pueda financiar con ese dinero el programa de entrega de insumos agrícolas y, a su vez, garantizar la política de seguridad alimentaria en el país.
La funcionaria expresó que el dinero a incorporar proviene de las asignaciones presupuestarias del MAG asignadas para el presente ejercicio fiscal. “La nueva estructura presupuestaria permitirá potenciar la eficacia de las acciones para el abastecimiento de los paquetes, asegurando un mayor control, una mejor distribución de los insumos agrícolas y granos básicos a nivel nacional”, detalló Arce.
Otros beneficios es que se fortalecerá el proceso de desarrollo del sector de granos básicos contemplado en el Plan Cuscatlán, se incrementará la disponibilidad acceso y consumo de alimentos con la entrega de los paquetes agrícolas; se asegurará la producción de granos básicos (como maíz y frijol) y, por ende, la seguridad alimentaria.
El legislador Giovanny Zaldaña reiteró que no se le incorporarán más fondos al ministerio, sino que se hará una incorporación de recursos para permitir que el MAG haga una distribución eficiente de los paquetes agrícolas.
En otro tema, la mesa de Hacienda también dictaminó a favor de que se modifique el Decreto Legislativo N° 823, aprobado el 15 de agosto de 2023, con el que se autorizó al Gobierno a emitir títulos valores de crédito hasta por $500 millones, para ser colocados en el mercado nacional, regional o internacional.
Marlon Herrera, director de Inversión y Crédito Público de Hacienda, explicó a los parlamentarios que la propuesta de reforma pretende definir e incorporar condiciones y característica adicionales al decreto ya aprobado con el fin de generar condiciones financieras más atractivas y que propicien una mayor convertibilidad.
Por ello, se adicionará un artículo en el que se establezca que cuando se trate de colocaciones en el mercado nacional, transcurrido el primer año de su emisión y colocación, el valor facial de estos títulos podrá usarse para el pago de impuestos y obligaciones tributarias hasta en un 50 % del total del valor facial de los bonos adquiridos.
El otro 50 % se podrá utilizar para la misma finalidad al vencimiento de dichos títulos. Asimismo, cuando se haga uso de los títulos valores de crédito para el pago de los impuestos u otras obligaciones tributarias, los intereses que devenguen estos títulos valores se pagarán a la fecha de redención de los mismos.
“Esta reforma lo que hace es que viene a complementa lo que ya fue autorizado por la Asamblea en el decreto correspondiente”, sostuvo Herrera.
Mientras que el diputado William Soriano ahondó que lo que se pretende es que las empresas que sean acreedoras de estos títulos valores tengan una nueva forma de pago, es decir que pueden adelantar el pago de sus impuestos en vez de percibir parte del pago que se les tiene que hacer.
