Por Ulises Marinero/Cortesía Centro Judicial
El Juzgado 9° de Instrucción de San Salvador emitió la orden de embargar por un monto de 227 millones 677,113.083 dólares, los bienes de la Sociedad Astaldi Societa per Azione, a petición de la parte querellante representada por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Rio Lempa (CEL)
Además, la jueza ordenó decretar el embargo preventivo sobre los bienes de los imputados José Leopoldo Samour y Mario Pieragostini Maiocchi, una vez la parte interesa indague con exactitud los bienes sobre los cuales recaerá el embargo.
La resolución de la jueza emitida este 28 de septiembre señala que es procedente emitir la solicitud de asistencia judicial a la República de Italia, a fin de que se lleve y se materialice el embargo preventivo en bienes propios de ASTALDI, siendo su presidente Paolo Astaldi en ese país”,
“Emítase la asistencia judicial reciproca a la República de Italia a fin que sea traducida por el perito propuesto por la parte interesa y posteriormente se realicen las gestiones correspondiente”, acota la resolución de la jueza.
Señala que la medida cautelar emitida por su juzgado está basada en los lineamientos establecidos en la Convención de la Nacional Unidad contra La Corrupción, en el cual El Salvador firmo el 10 de diciembre de 2003 y la ratificó en junio de 2004.
Por este caso son acusados el expresidente Carlos Mauricio Funes, el expresidente de la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) José Leopoldo Samour, el empresario José Miguel Antonio Meléndez, mejor conocido como Mecafé, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza y José Efraín Quinteros.
Los delitos atribuidos son peculado, lavado de dinero, agrupaciones ilícitas y por cohecho propio al representante legal de ASTALDI Mario Federico Perasgostine Marocchi, de origen italiano.
Los procesados presuntamente los relacionan con la controversia legal suscitada entre CEL y ASTALDI S.p.a , sucursal El Salvador , por la ejecución del proyecto de construcción de la Central Hidroeléctrica Chaparral, ubicada en San Luis La Reina, del Departamento de San Miguel, en que supuestamente hubo construcciones inconclusas que habrían derivado un pago de 105.5 millones de dólares que la CEL pagó a la empresa ASTALDI.
Según la investigación fiscal presuntamente hubo un arreglo directo entre el presidente de CEL y el representante de ASTALDI por lineamientos del expresidente Funes que originó una presunta dádiva de 3.5 millones de dólares.
