Los miembros de la Comisión Especial también acordaron enviar un informe a la Fiscalía General de la República (FGR), por el posible incumplimiento de deberes por parte del Director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas.
Cortesía Asamblea Legislativa /La Edición/Foto: Allison Del Cid
La Comisión Especial para investigar la colocación de títulos y préstamos en los mercados nacionales e internacionales por parte del Estado salvadoreño, así como el uso de dichos recursos y de cualesquiera otros obtenidos de empréstitos, donaciones o reorientados del Presupuesto General, dentro del marco de la pandemia Covid-19 acordó iniciar el análisis de una posible interpelación del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, ante las frecuentes convocatorias a esta instancia y que no han sido atendidas.
El artículo 132 de la Constitución señala que: “Todos los funcionarios y empleados públicos, incluyendo los de Instituciones Oficiales Autónomas y los miembros de la Fuerza Armada, están en la obligación de colaborar con las Comisiones Especiales de la Asamblea Legislativa”.
Zelaya ha argumentado en reiteradas ocasiones que tiene compromisos previamente adquiridos por los cuales se le imposibilita hacer acto de presencia ante los legisladores.
Por otra parte, la Comisión Especial también acordó enviar un informe a la Fiscalía General de la República (FGR) por el posible incumplimiento de deberes del Director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, a quien se le pidió llevar por apercibimiento de apremio al titular de Hacienda al seno de esta instancia, luego que este no atendió tres convocatorias.
Sobre el incumplimiento de deberes el artículo 321 del código penal señala que: “El funcionario o empleado público, agente de autoridad o el encargado de un servicio público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función, será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación especial para el desempeño del cargo por igual período”.
