Comisión de Hacienda respalda financiamiento para el Cuerpo de Bomberos

Cortesía Asamblea Legislativa

Los diputados avalaron un dictamen que busca brindar $10,651,270 a la institución encargada de las labores de prevención, control y extinción de incendios de todo tipo, así como de proteger a las personas y sus bienes.

Después de realizar todos los análisis técnicos y financieros, el Ministerio de Hacienda determinó que el Cuerpo de Bomberos de El Salvador puede funcionar, en lo que resta de este año, con un monto de $10,651,270.

Ante ello, los diputados de la Comisión de Hacienda emitieron un dictamen favorable para reformar la Ley de Presupuesto General de la Nación 2023 para transferir recursos entre asignaciones presupuestarias de los Ramos de Hacienda y de Gobernación y Desarrollo Territorial a efecto de que el Cuerpo de Bomberos de El Salvador (CBES) disponga del crédito presupuestario correspondiente para su funcionamiento institucional.

El director general del Presupuesto del Ministerio de Hacienda, Carlos Gustavo Salazar Alvarado, $8,951, 270 servirán para financiar 1,119 plazas por contrato que actualmente tiene el CBES e incluye el pago de las contribuciones a la seguridad social.

Además, en el campo de adquisiciones y servicios se utilizará $1, 200,000 para financiar la adquisición de uniformes y calzado, mantenimiento y reparaciones de bienes inmuebles, productos químicos, combustible, productos alimenticios, entre otras necesidades.

Mientras que el rubro de activos fijos se asignará $500,000 para la adquisición de equipo informático, maquinaria, equipos mobiliarios y licencias de Software.

“El apoyo que queremos brindarle a los bomberos es para que sigan realizando su trabajo de la mejor forma. Sabemos que diariamente ellos se encargan de proteger a los salvadoreños a través de acciones de rescate”, explicó el diputado Giovanny Zaldaña.

El 4 de octubre de 2022, los legisladores aprobaron la nueva Ley del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, la cual contempla, en su artículo 5, la creación del CBES como una entidad de derecho público, de carácter autónomo, descentralizada, con personería jurídica y patrimonio propio.

Dicha institución tiene a su cargo las labores de prevención, control y extinción de incendios de todo tipo, protección a las personas y a sus bienes, así como las actividades de evacuación y rescate. Además, de la cooperación y auxilio en caso de desastres y otras actividades afines a dicho servicio.

“Me llena de orgullo saber que las normativas, como la Ley de Bomberos, se estén materializando poco a poco. Con esta iniciativa, se solventarán diversas problemáticas como el tema de uniformes y el pago de plazas”, remarcó la parlamentaria Marcela Pineda.

Inicio de labores del Instituto Salvadoreño del Café

En otro tema, los legisladores también respaldaron reformar el presupuesto nacional para incorporar $4,038,105 al Instituto Salvadoreño del Café (ISC), fondos que servirán para iniciar con el funcionamiento de esa entidad en el presente ejercicio fiscal.

Con este inicio de operaciones se cumplirá con las metas y objetivos institucionales, encaminados a impulsar el desarrollo del sector cafetalero, con el que se beneficiará a más de 25 mil productores.

Asimismo, el funcionamiento del ISC permitirá mejorar la producción y calidad del café, reducir los costos del proceso, ser resiliente ante la vulnerabilidad climática y posicionar al país entre las mejores naciones fabricantes del producto.

Mediante el decreto legislativo número 206, de fecha 9 de noviembre de 2021, se aprobó la Ley de Creación del Instituto Salvadoreño del Café, en el artículo 1 se establece la creación de dicha organización, de manera autónoma de derecho público, de carácter técnico y científico.

Además, es el ente rector en materia de investigación científica, transferencia de tecnología, innovación y formación en temas del sector café, que se relacionará con el Órgano Ejecutivo, por medio del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

De acuerdo al director Salazar Alvarado, en el rubro de remuneraciones se solicita el monto de $1,238, 105 para financiar un total de 88 plazas; mientras en el área de adquisiciones de bienes y servicios se programa un monto de $1,000,000.

En el campo de inversiones en activos fijos se incluyen recursos hasta por la cantidad de $1,8000,000 para la adquisición de mobiliario y equipo básico, de laboratorio e informático.

Apoyo económico a entidades

De forma unánime, los parlamentarios aprobaron un tercer dictamen para modificar el presupuesto 2023 para reorientar recursos entre diversas instituciones por la cantidad de $37,517,799. Estos recursos serán destinados al cumplimiento de los planes de Gobierno que requieren cobertura presupuestaria.

Con los fondos se estaría respaldando a la Fiscalía General de la República (FGR), al Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), al Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT) y al Ministerio de Turismo (MITUR).

Durante el presente ejercicio fiscal, han surgido diversas necesidades urgentes e imprevistas en diferentes ministerios y entidades del sector público no financiero; por ello, se requiere de una cobertura presupuestaria para continuar fortaleciendo la acción penal en representación de las víctimas y el Estado y dar una respuesta oportuna al acceso a la justicia y persecución del delito.

También es necesario apoyar la ejecución de obras de infraestructura terrestre y aérea, garantizando el pago de una compensación económica para la atención de víctimas de accidentes de tránsito; así como garantizar el desarrollo de la estrategia de desarrollo económico para el presente ejercicio fiscal denominada Surf City El Salvador.

Apoyo al ramo de seguridad

Debido a que el ramo de Justicia y Seguridad Pública requiere de un refuerzo presupuestario para financiar gastos que son prioritarios para continuar con la ejecución del régimen de excepción, los diputados también avalaron transferir recursos entre instituciones por el monto de $25,000,000.

Esto con la finalidad de financiar el servicio de alimentación de privados de libertad, debido a que el gasto en este rubro se ha incrementado como efecto de la aplicación del régimen de excepción, herramienta que ha permitido desarticular a los grupos delincuenciales para garantizar la seguridad y tranquilidad de toda la población y de las comunidades.

“Con el exitoso cumplimiento del régimen, que ha mostrado logros favorables, se ha requerido mayores recursos para poder cubrir el compromiso que tiene el ramo de justicia. El Estado está demostrando su responsabilidad con estas asignaciones”, aseguró Salazar Alvarado.

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