Cortesía Asamblea Legislativa
El legislador por La Libertad, acusado por la Fiscalía General de falsedad ideológica, solicitó a través de sus representantes legales la eliminación de su fuero constitucional, para someterse a la administración de justicia correspondiente.
En la próxima sesión plenaria, que se realizará el 15 de agosto, los diputados de la Asamblea Legislativa decidirán formalmente si se le retira el fuero constitucional al parlamentario Érick García, para que la Fiscalía General de la República (FGR) pueda presentar una acusación penal contra él por el delito de falsedad ideológica.
Por unanimidad, los miembros de la Comisión Especial de Antejuicio contra el diputado de Nuevas Ideas emitieron un dictamen favorable que será sometido a votación en el pleno legislativo.
“Los diputados y el pueblo salvadoreño estamos pidiendo llegar a la verdad de este tema. El fuero ya no será el pretexto para cometer actos de corrupción. La justicia no tiene ideología o banderas políticas y eso es lo que como legisladores estamos tratando de arreglar”, afirmó el diputado presidente de este Órgano de Estado, Ernesto Castro.
Antes de aprobar el dictamen, la comisión recibió a Ricardo Miranda y Julio César Orellana, abogados defensores de García, quienes expusieron que no se opondrían a lo que discutía en la mesa de trabajo, debido a que el mismo legislador presentó un escrito ante la Asamblea Legislativa para renunciar a su inmunidad constitucional.
“Por instrucciones precisas de nuestro representado no va a existir una oposición, en el sentido que esta Comisión Especial desarrolle el procedimiento y que oportunamente emita el dictamen favorable a que se declare a formación a causa y luego pase al pleno legislativo”, expresó Miranda.
Para ello, García se amparó en la figura del allanamiento, tipificado en el artículo 131 del Código Procesal Civil y Mercantil, con el fin de acelerar el proceso y dar por finalizadas todas las etapas del mismo.
“El fuero no debe de ser algo como para que un funcionario no responda ante el sistema judicial y el diputado García solicitó que se le retire esta herramienta”, señaló el parlamentario Caleb Navarro, relator del caso.
El proceso de antejuicio fue realizado con celeridad. Durante dos días, tras haber sido creada y juramentada la comisión especial en la sesión plenaria número 117, los diputados desarrollaron el sus actividades frente a la población, a través de los canales y plataformas legislativas.
“Hacemos énfasis en el trabajo que realiza la nueva Asamblea y es un trabajo ágil, con prontitud y con eficiencia. No nos tardamos ni meses ni años, como antes, para llegar a una pronta respuesta con los casos correspondientes”, destacó José Urbina, vocal del proceso.
Además, el parlamentario hizo referencia a que hoy “la justicia sí trabaja parejo”, ya que antes se protegía a los grandes empresarios, políticos, pero “actualmente todo funcionario que infrinja la ley pasará ante el sistema judicial, no ha sido fácil limpiar este país de todo este modelo que fue instalado por el viejo sistema político”.
Por su parte, la legisladora Alexia Rivas manifestó que el fuero no es sinónimo de impunidad y que los cargos públicos revisten la esencia del pueblo salvadoreño de hacer las cosas correctamente.
El presidente Castro afirmó que la Asamblea Legislativa siempre estará dispuesta a cooperar con la FGR cuando solicite desaforar a otro funcionario.
“Si la Fiscalía nos vuelve a solicitar quitar el fuero a alguien, vamos a proceder de la misma manera. Eso está diferenciando a esta legislatura de las anteriores, cuando estuvieron esos maleantes”, apuntó el legislador Castro.
Delito que se le imputa a diputado
Marcela Pineda, fiscal de la Comisión de Antejuicio, explicó que la fase de allanamiento que aceptó la defensa del diputado Érick García consiste en admitir los cargos de los que acusa la FGR al legislador.
La parlamentaria explicó que García brindó ante un notario información falsa con pleno conocimiento de ese hecho en un documento público conocido como “mutuo”, un contrato de préstamo entre dos personas.
Pineda también manifestó que, en la primera cláusula del mutuo, el diputado García decía que le daba, en calidad de préstamo, $90.000 a Luis Alonso Portillo Turcios; y este decía darse satisfecho por haber recibido dicho monto. Sin embargo, posteriormente el parlamentario negó haber entregado el dinero y que aseguró que jamás sucedió lo que está en el documento público.
“Eso significa que el señor Érick García, ante un notario público, dio información falsa. Y de esta manera se configura el delito: que es la falsedad ideológica”, detalló Pineda.
Los fiscales de la Comisión solicitaron que establezca que hay formación de causa contra del diputado García y se le suspenda del ejercicio de sus funciones.
“Es importante dejar claro que la parte fiscal busca que se conozcan los hechos y la realidad y que el señor Érick García se haga responsable ante los tribunales correspondientes por las acciones que ha cometido”, dijo la fiscal de la comisión.
Mientras que el otro fiscal, Giovanny Zaldaña, aseguró que el Ministerio Público ha buscado llegar hasta las últimas consecuencias con el objetivo de que los salvadoreños puedan conocer la verdad.
“A ellos nos debemos, como diputados vamos a seguir luchando contra con la corrupción y no vamos a encubrir a nadie como se hizo en el pasado”, aseguró Zaldaña.
Por su parte, el parlamentario Raúl Castillo recordó que la actual legislatura ha realizado dos antejuicios contra legisladores, que se suman al de García. El primero fue contra el exdiputado Norman Quijano, señalado de cometer los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas, tras realizar negociaciones con pandillas cuando buscaba la presidencia de la República, en 2014.
El segundo antejuicio fue contra los exdiputados de Nuevas Ideas, José García y Gerardo Aguilar, por el delito de cohecho impropio.
“Nosotros no tenemos ninguna intención de cubrir a nadie. Todos hemos dado los votos para reformar el sistema judicial corrupto y podrido que teníamos. Y si uno de nosotros se sale del camino, desliza o resbala y comete ilícitos, va a enfrentar la justicia. Ningún diputado de la bancada cyan va a poner el pecho por nadie, aquí todos son responsables de sus actos”, mencionó Castillo.
El parlamentario reiteró el compromiso que tienen los parlamentarios de combatir la corrupción, venga de donde vega: “Cuando el pueblo nos contrata como diputados, nuestras funciones están claras en la Constitución y quien se salga de esas funciones deberá enfrentar consecuencias. La traición al pueblo se paga”, afirmó.
¿Qué es el allanamiento en materia mercantil?
El allanamiento es la declaración de voluntad del demandado por la cual este renuncia a la oposición que ha planteado en el proceso. La solicitud del desafuero que el mismo García hizo fue aceptada por los diputados fiscales, es decir por los legisladores Marcela Pineda y Giovanny Zaldaña.
Esta figura está tipificada en el artículo 131 del Código Procesal Civil y Mercantil e indica que el allanamiento se refiere a que al demandado se le aceptará lo que solicite.
