Los agentes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas vuelven, en teoría, a aplicar las reglas de deportación de la Administración Biden, tras una decisión de la Corte Suprema, pero los oficiales tienen discreción sobre cómo aplican los lineamientos
Tomado de La Opinión
Por La Opinión
La oficina de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) restableció sus prioridades de deportación, a fin de que los agentes eviten detener a un inmigrante solamente por indocumentado.
La decisión ocurre después de que la Corte Suprema reafirmó la autoridad del gobierno federal para establecer prioridades sobre la ley migratoria, un espaldarazo al plan del gobierno del presidente Joe Biden.
La guía de deportaciones incluye a la división de Operaciones de Ejecución y Deportación (ERO) que forma parte de ICE, la cual hace efectivas órdenes de expulsión finales.
También incluye a la Oficina del Asesor Legal Principal (OPLA), la oficina de los fiscales en la corte de inmigración, para decidir si dan continuidad con un caso de deportación o no.
Cabe recordar que las prioridades de aplicación de la Administración Biden se basan en el memorando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) enviado por el secretario Alejandro Mayorkas en septiembre de 2021.
“El memorando establece tres categorías amplias de prioridades de aplicación: amenazas a la seguridad nacional (es decir, preocupaciones de terrorismo); amenazas a la seguridad pública (definidas en parte por antecedentes penales)”, indica un reporte de American Immigration Council (AIC).
También se persigue a personas que representen una amenaza a la seguridad fronteriza, lo cual incluye “cualquier persona que ingresó a los EE.UU. sin autorización después del 1 de noviembre de 2020”, recuerdan los expertos.
El AIC explica que los fiscales deben adherirse a las pautas, aunque podrían enfrentar complicaciones, ya que deberán determinar si inician o no nuevos casos y, además, determinar la suspensión de persecución de otros ya con expediente.
“El memorando de Mayorkas no especificó exactamente qué deberían hacer las agencias con las personas que no caen en esas categorías”, acota la organización. “OPLA había recibido orientación preliminar en el verano de 2021, pero las oficinas de todo el país no la implementaron correctamente”.
Agrega que el abogado principal, Kerry Doyle, tardó hasta abril de 2022 en emitir una guía de implementación, la cual sólo estuvo vigente durante unos meses antes de que un juez federal bloqueara el proceso.
Con la decisión de la Corte Suprema, todas las oficinas del DHS deben seguir las pautas indicadas.
“La realidad de la política de aplicación, sin embargo, es más turbia“, reconocen los activistas. “Los agentes del gobierno tienen discreción inherente para decidir cómo enfocar sus recursos. Las preguntas son en qué nivel se están estableciendo las prioridades (en un espectro que va desde los agentes en el terreno a los que se les permite hacer lo que quieran, hasta las oficinas centrales que dictan cómo pasan su tiempo)”.
En concreto, un inmigrante indocumentado podría tener todavía el riesgo de ser deportado.
