El juez no los liberó del todo de culpa porque seguirá proceso judicial en su contra solo que en libertad.
Jaime López/La Edición
Luego de la audiencia inicial y en el contexto de una protestas de barrenderos, recolectores de de desechos y otros sindicalistas frente a los juzgados capitalinos el Juzgado 15 de Paz de San Salvador ordenó que cinco sindicalistas municipales de San Salvador acusados de atentar contra el ministro de Trabajo, Rolando Castro, sigan a la siguiente fase o Instrucción, solo que en libertad condicional.
Los imputados deberán cumplir medidas como presentarse cada 15 días a firmar al juzgado 8º de Instrucción que dará continuidad al proceso, no salir del país y no cambiar de domicicilio.
Los agremiados fueron detenidos por el sistema 911 de la Policía Nacional Civil el 23 de septiembre en las instalaciones de la cartera de Estado, acusados de fraguar un atentado contra su titular.
En apoyo a los empleados del sector de aseo, limpieza y recolección de desechos sólidos de la alcaldía de San Salvador, varios grupos sindicales se concentraron frente al Centro Judicial Isidro Menéndez sobre el bulevar Tutunichapa.
Tras su presencia, desde las 10:00 de la mañana, el paso por los tribunales de justicia fue interrumpido y se abrió hasta que finalizó la diligencia en horas de la tarde.
La audiencia se desarrolló en ausencia de los imputados solo con la representación de sus abogados defensores, representante del Ministerio de Trabajo y la Fiscalía General de la República.
Entre tanto los sindicalistas esperaban el resultado de la audiencia en las bartolinas policiales del sector de la Isla en las cercanías de La Tiendona, adonde fueron llevados luego que agentes de seguridad alertaran al 911 y minutos después llegaran a capturarlos.
Una abogada del Ministerio de Trabajo quien declinó identificarse, afirmó que tenían informes que los sindicalistas tenían cerca de 15 días de estar llegando a la cartera de Estado y que en sus visitas averiguaban información que se relacionaba con el ministro Rolando Castro, lo que despertó sospechas de que se fraguaba un atentado contra el titular de la institución y llamaron al 911 que minutos después los detuvo.
Los agremiados que demandaban la libertad de sus compañeros, negaron esa versión. “En ningún momento hemos atentado contra el Ministro de Trabajo, el problema es que ellos estaban desafiliándose del sindicato al que pertenecía para inscribirse en otro”.
Una abogada de los empleados de la alcaldía capitalina, les recomendó que para formar parte de otro grupo sindical necesitaban desafiliarse en el Ministerio de Trabajo y esa era la tarea que los sindicalistas realizaban cuando fueron detenidos.
“Esperamos que haya justicia, no solo porque el ministro de Trabajo se está aprovechando del cargo vayan a permanecer detenidos los compañeros, porque si no todo el que quiera desafiliarse de ASTRAM lo van a meter preso?”, dijo Juan Antonio Melara Melara, secretario general del SITRAM.
Carlos Rodríguez, otro de los abogados de los procesados aclaró que el delito que les atribuían a sus defendidos fue modificado por los diputados y que ha dado origen a este proceso, y en las circunstancias que se aplica se convierte en una figura atípica porque a juicio de la defensa no procede la detención en esa circunstancias.
