Alcaldías y gobernaciones se suman al trabajo articulado brindando alimentos a personal de los cuerpos de seguridad

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Desde el fin de semana la presencia policial y militar en las calles del país se redobló por orden del Presidente Nayib Bukele, como medida para contener la agresión de las pandillas contra la población. Como parte del trabajo articulado que mantiene el Gobierno con las alcaldías y las gobernaciones, estas se encuentran brindando apoyo con alimentos e insumos para el personal que trabaja por la seguridad de los salvadoreños.

Hasta ayer, había 151 comunas apoyando a los efectivos militares y policiales. Algunas de las alcaldías que están prestando ayuda son: Quezaltepeque, Colón, Santa Tecla, Nuevo Cuscatlán y San Salvador.

“Todas las dependencias de la alcaldía de San Salvador están en función de apoyar a nuestra Fuerza Armada y Policía Nacional Civil con alimentos, hidratación y transporte en este esfuerzo por llevar seguridad al pueblo. Vamos a seguir acompañándolos hasta donde sea necesario”, dijo el edil capitalino, Mario Durán.

También esta mañana el Ministerio de Gobernación, por ejemplo, entregó 500 desayunos en la delegación central de la PNC del departamento de Chalatenango; y otros 700 fueron repartidos en la delegación de Zacatecoluca. La misma acción fue desarrollada en diferentes zonas del país por gobernadores.

Es de esta forma que algunas alcaldías y gobernaciones se están sumando a los esfuerzos que hace el Gobierno Central en el combate de la delincuencia. Además, han expresado que se trata de una forma de transmitirles a los cuerpos de seguridad un agradecimiento por el trabajo para dar protección a la población.

Los agentes policiales y militares en el desarrollo de operativos, patrullajes en plazas, mercados, colonias, lugares turísticos y paradas de buses para garantizar la seguridad de los ciudadanos que salen de sus hogares para hacer sus actividades diarias.

La Asamblea Legislativa aprobó el pasado domingo una solicitud del Presidente Bukele de un Régimen de Excepción, con validez de 30 días prorrogables, esto como un mecanismo para contener el aumento en el número de homicidios provocado por grupos terroristas.

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