Reorientan fondos para ejecutar proyectos educativos y asistir a migrantes

Cortesía de la Asamblea Legislativa

La Asamblea Legislativa autorizó la asignación de recursos a diferentes instituciones de Gobierno para dar continuidad a proyectos que beneficien a la población.

Los ministerios de Educación,Obras Públicas y Relaciones Exteriores, así como el Instituto de Bienestar Magisterial, tendrán un refuerzo presupuestario total de $83,697,031.00, para que puedan financiar necesidades urgentes y cumplir sus objetivos en beneficio de la población.

Para ello, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 74 votos, una reforma a la Ley de Presupuesto 2023 para que el Ministerio de Hacienda pueda reorientar dichos recursos a esas instituciones.

“Hay diversos proyectos que se están desarrollando desde el Ejecutivo y es importante darles seguimiento para continuar transformando al país. Esta Asamblea trabaja junto al Gobierno en una agenda a favor del país”, afirmó el legislador Edgardo Mulato.

Los fondos que recibirá el Ministerio de Relaciones Exteriores ascienden a $972 mil, los cuales servirán para fortalecer la red consular de El Salvador, Frontera Sur de Estados Unidos de América y Estados Unidos Mexicanos en asistencia y protección a la niñez migrante y sus familias para el proyecto Integral sobre Movilidad Humana.  

Por su parte, a la cartera de Educación se le destinarán $3.9 millones para el fortalecimiento organizacional de la gestión del sector educativo en los ramos de educación, ciencia y tecnología. 

A Obras Públicas se le reorientarán $77.8 millones para continuar financiando la construcción del viaducto y ampliación de la carretera Los Chorros. Además, otro porcentaje se utilizará para continuar la reparación de los centros educativos afectados por la tormenta tropical Julia. 

Mientras que el Instituto de Bienestar Magisterial recibirá más de $1 millón de fondos propios para la construcción y equipamiento del Policlínico Magisterial de La Unión y el mejoramiento de áreas para servicios médicos y complementarios del Policlínico Magisterial de Santa Tecla. 

“Es muy importante darle seguimiento a los proyectos de inversión pública que necesitan cobertura presupuestaria para el cumplimiento de sus objetivos”, señaló el parlamentario Walter Alemán. 

Otros decretos aprobados

Con 69 votos, los parlamentarios también avalaron modificar la Ley Transitoria de Compensación Económica por Retiro Voluntario de Servidores Públicos o Pensionados del Órgano Ejecutivo, Entidades Descentralizadas No Empresariales y Entidades Autónomas.

Los cambios facilitarán el acceso al referido beneficio, ampliando su vigencia y flexibilizando las exigencias que se deben de cumplir con la presentación de atestados que respalden la calidad de jubilado o pensionado. 

Una de las reformas contempla la facilidad para comprobar la calidad de jubilado o pensionado. En la actualidad, la autoridad correspondiente acredita al solicitante a través de sus registros e historial laboral del empleado o funcionario; sin embargo,  si la entidad no dispusiera de esa información, se abre la puerta para poder probarlo mediante una declaración jurada. 

Otra de las reformas amplía la vigencia del decreto hasta el 1 de enero de 2024. Actualmente, este tiene seis meses de vigencia y caducará el  próximo 18 de noviembre.

También los trabajadores públicos podrán modificar sus fechas de renuncia si a la entrada en vigencia del presente decreto esta no se ha hecho efectiva materialmente.  Esta última modificación permitirá que los servidores públicos que modifiquen su tiempo de renuncia puedan terminar su año laboral y contar con los beneficios de ley como el aguinaldo.

El diputado Jorge Castro, aclaró que esta es una ley es transitoria y su principal objetivo es garantizar un retiro digno a los trabajadores públicos. 

“Se está dando una postura garantista en cuanto al sector que debe ser principalmente la motivación que tiene el Estado hacia este tipo de iniciativas”, apuntó Castro.  

En otro tema, los parlamentarios exoneraron, con 72 votos, a la Asociación de Mujeres Teniendo Fuerzas, de todo tipo de impuestos, incluyendo al impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios (IVA), derechos arancelarios a la importación y costo por bodegaje, que pueda causar la introducción al país de dos contenedores que contiene  juguetes que serán entregados a menores de edad que viven en condiciones de vulnerabilidad en el municipio de Metapán, en Santa Ana.

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