Cortesía Asamblea Legislativa
Las parientes del diputado de ARENA salieron del país, vía terrestre, el pasado 23 de agosto, según registros migratorios. Ese mismo día, la Fiscalía atribuyó al funcionario los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Además, solicitó a la Asamblea Legislativa iniciar un proceso de antejuicio.
Ana Lourdes de Romero y Lourdes Gabriela Romero de Marroquín, esposa e hija respectivamente del diputado de ARENA Alberto Romero, partieron hacia Guatemala el mismo día en el que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Asamblea Legislativa que a él se le retirara el fuero constitucional, para procesarlo penalmente por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos.
Esta información se conoció en la tercera sesión de trabajo de la Comisión Especial de Antejuicio contra el funcionario, en la que los diputados dictaminaron a favor de que se le retire la inmunidad.
La sesión especial en la que se decidirá si hay formación de causa contra Romero se realizará este viernes 1 de septiembre.
Luego de que las familiares del legislador no atendieran un citatorio que giró la comisión para que declararan sobre el tema, como lo solicitaron los fiscales del proceso, los parlamentarios votaron para que la Policía Nacional Civil presentara por apremio en la Asamblea a las dos mujeres. También para que se solicitara un reporte del registro migratorio de ambas.
La Dirección General de Migración y Extranjería y de la PNC respondieron a la mesa legislativa que la esposa e hija del parlamentario salieron de El Salvador rumbo a Guatemala, la tarde del pasado 23 de agosto, por la frontera de Anguiatú, en Santa Ana.
Desde ese mismo día, el representante del departamento de Cuscatlán permanece retenido en las oficinas de ARENA, de la Asamblea Legislativa, por resistencia agresiva e insultar a unos agentes policiales.
Las declaraciones de las dos familiares del arenero fueron ofrecidas como prueba testimonial por los diputados fiscales del proceso de antejuicio, Geovanny Zaldaña y Marcela Pineda. Lo que se pretendía era que justificaran el origen de los $1,162,388.05 que el parlamentario tiene distribuidos en cuatro cuentas bancarias.
“Lo que quisieron era dilatar este proceso, porque la defensa fue tan pobre que hasta expuso todo lo que Romero recibió como viáticos y quiso presentar audios de hasta cinco horas y eso era perder el tiempo”, expresó el presidente de la mesa de trabajo, Ernesto Castro, quien aseguró que hasta dieron el tiempo suficiente para que los involucrados en el caso escaparan.
Romero fue retenido por agentes policiales, luego de que intentara retirarse de la Asamblea Legislativa durante el desarrollo de la plenaria número 120, minutos después de que la sesión empezara.
Las grabaciones de las labores de ese día enfocan al parlamentario del tricolor en el momento en que se retira del Salón Azul, por una puerta situada a un costado del recinto, luego de que se emitiera el minuto de silencio que suele ocurrir en la agenda de trabajo.
“Ni la esposa ni la hija creen en esa inocencia de su familiar, solo la defensa cree en lo que dice el diputado Romero, de lo contrario ellas estarían brindando sus posturas. Esto parece medidas dilatorias del proceso”, dijo el diputado fiscal Zaldaña.
Otros ausentes
Los diputados fiscales también citaron a la exasesora de la Asamblea Legislativa María de Jesús Guardado, quien fungió en el cargo hasta el 30 de abril de 2021. Al igual que las familiares de Romero, ella abandonó El Salvador; lo hizo el 24 agosto de 2023, según los registros de Migración y Extranjería.
Otros de los convocados fueron el excolaborador administrativo de este Órgano de Estado, Ricardo Gutiérrez Romero (quien reside en Estados Unidos desde el 22 de abril de 2021); al exordenanza de la institución, David Fernando Vaquerano, quien trabajó hasta el 1 de febrero de 2018 (habita en Estados Unidos desde el 6 de febrero de 2018).
La asistente de la fracción de ARENA Ana María Gertrudis Ortiz de Lemus también fue citada y fue la única que compareció. Sin embargo, los fiscales prescindieron de su declaración porque los demás no acudieron.
“Me parece más que una inasistencia de las personas que solicitó la fiscalía, una ofensa al pueblo. No estamos acá para perder el tiempo, ‘Beto’ Romero tiene que presentarse en sede judicial y responder por sus actos”, apuntó Pineda.
Según las investigaciones, todas las personas que fueron convocadas tienen que dar explicaciones sobre el movimiento de dinero en varias cuentas bancarias del parlamentario tricolor.
Los fiscales reprocharon la inasistencia de estas personas pidieron a la comisión continuar con el proceso de desafuero para que Romero pueda rendir cuentas a la justicia.
“Creemos que esto le da fuerza a los indicios que se tiene del cometimiento de los delitos por parte del parte del diputado. Por lo que genera la certeza de que esta Asamblea Legislativa debe proceder con el desafuero”, mencionó Zaldaña.
Obligados a comparecer
El Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL), en el artículo 132, establece la obligatoriedad de comparecer a los llamados realizados por la Comisión Especial de Antejuicio. Si una persona no atiende la convocatoria, la mesa Legislativa tiene la facultad de obligar a que se presente pro apremio.
Todos los funcionarios y empleados públicos, incluso los de las instituciones oficiales autónomas y los miembros de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), tienen la obligación de comparecer.
De esta disposición se exceptúa a los diputados y las diputadas, el presidente y el Vicepresidente de la República, quienes lo harán mediante declaración jurada.
La oferta de pruebas en el proceso
Con ocho votos, los parlamentarios de la comisión especial admitieron la prueba que ofertaron los diputados fiscales, que se trataban de los declarantes y de la documentación legal y financiera de la Fundación para el Desarrollo de Cuscatlán para verificar si esta ha cumplido con la contribución tributaria ante el Ministerio de Hacienda desde su creación.
Además, la diputada Pineda solicitó prescindir del perito financiero que realizó la investigación de enriquecimiento ilícito en el 2020, debido a que al proceso se agregó la sentencia de la Cámara de la Segunda Sesión del Centro de la ciudad de Cojutepeque, en la que fue declarado responsable de enriquecimiento ilícito y se le ordenó devolver al Estado $445,766.05. Sobre esta parte, Ernesto Alfredo Parada, el abogado defensor de Romero, coincidió con suprimirlos.
Por su parte, Parada solicitó la aceptación de la certificación de la sentencia pronunciada el 28 de agosto de 2023, por la referida Cámara, que trata sobre el caso de enriquecimiento sin causa justa o ilícito.
También pidió que le autorizaran presentar la nota suscrita por la contadora general de la Asamblea Legislativa, en donde remite el consolidado de los ingresos y viáticos percibidos por Romero en el periodo comprendido de mayo de 2006 y diciembre de 2022, así como el detalle de descuentos realizados.
Por último, Parada pretendía presentar los soportes de grabación, videos de la audiencia probatoria y del respectivo fallo referente a la sentencia pronunciada en contra del parlamentario del tricolor, pero los diputados fiscales solicitaron que no fuera admitida esta prueba “para no perder el tiempo”.
Esta postura, apoyada por ocho diputados, se debe a que el caso ya está plasmado en una sentencia judicial, en donde ya se condena a Romero y esto también estaría dilatando el proceso. Por ello, la comisión decidió declinar de esta propuesta de prueba.
La emisión del dictamen favorable
Con ocho votos a favor, la comisión especial aprobó un dictamen favorable para quitarle la inmunidad al legislador. Dicha propuesta será llevada a votación del pleno el próximo viernes.
El diputado Castro aseguró que de una manera transparente,.y sin esconder nada, se desarrolló este proceso, no con el “oscurantismo” con el que se manejaba antes este órgano de Estado.
“Las cosas han cambiado, hemos hecho todo el proceso que la ley nos exige”, dijo el diputado, a la vez que cuestionó la solicitud de la defensa técnica de Romero al decir que dejaran en libertad a su cliente y que finalizaran el proceso.
Sobre las legislaturas pasadas, el presidente Castro dijo que “lo que queda demostrado es la realidad que se vivía en la Asamblea Legislativa, de este órgano de Estado hicieron una piñata personal, hicieron lo que quisieron y se convirtieron en cómplices”.
El diputado Caleb Navarro recordó que antes se tapaban las corrupciones y toda clase de delito que cometían quedaba impune debido al fuero constitucional.
“¿Por qué creen que la gente y los diputados no daban los votos para desaforar a sus compañeros? El fuero no es una pared, no es un blindaje o u escudo para esconderse de cometimiento de delitos y lo hemos dejado claro con diputados de otros partidos y de nuestro partido”, expresó.
El parlamentario criticó que Romero haya realizado 97 viajes en los que se gastaron más de $257 mil.
“Este caso deja evidencia de la forma en que ARENA y el FMLN gobernaron este país. En la nueva Asamblea esto se terminó y no se va a volver a repetir”, apuntó.
Por su parte, el legislador José Urbina respaldó esta postura, señalando que en las asambleas pasadas estaban blindadas y no había lugar para la justicia. Además, recordó que muchos salvadoreños llegaron hasta la puerta del órgano de Estado a pedir justicia.
“Como nunca los escucharon el pueblo fue a expresar su poder a las urnas, para cambiarlos para siempre y echarlos de acá. Y llega el turno de una nueva Asamblea y comenzamos a descubrir la profundidad del lodo y podredumbre que había, el tipo de mecanismos oscuros que había para enriquecerse. Se repartían los pedazos del Estado”, dijo Urbina.
El funcionario agregó que la FGR tiene que investigar más cuentas de ahorro pertenecientes al diputado Romero y destacó el trabajo diligente y serio que ha hecho la comisión en este proceso.
“ARENA ha comenzado a devolver lo robado no porque quieran o tengan la voluntad de hacerlo, es porque ahora sí funciona la justicia”, afirmó el diputado William Soriano, quien también criticó que Romero prefiriera realizar 97 viajes, a más de 20 países, y no visitar las comunidades con necesidades de El Salvador.
“Como prometimos llegar a la verdad, el pueblo va a conocer la verdad de cómo este diputado y otros más idearon mecanismos para sustraer dinero del pueblo salvadoreño”, mencionó Soriano.
Mientras que su colega Raúl Castillo criticó a la defensa del parlamentario de ARENA por alegar que este era inocente, pese a la cantidad de pruebas en su contra que se conocieron en el proceso de antejuicio.
“Aquí ya no mandan corruptos, manda el pueblo y en representación del pueblo, estamos nosotros los diputados. Si en una cuenta hay más dinero, aquí colegas diputados, tenemos la obligación y deber para votar y desaforar a alguien que está siendo señalando. No podemos defender corruptos”, sostuvo Castillo.
El parlamentario también dijo que los diputados de años anteriores “deben tener las barbas en remojo”, sobre todo si obtuvieron fondos producto de “maletines o sobres”, porque, de ser así, tendrán que dar cuenta.
“No es justo para el pueblo. El que robó debe devolver lo que robó y debe pagar con cárcel”, aseveró el diputado.
