DC, realizó taller para garantizar derechos de los servicios educativos en colegios privados

Con el objetivo de seguir protegiendo los derechos de la población, la Defensoría del Consumidor ha articulado el trabajo con el Ministerio de Educación para llevar a cabo el segundo de tres talleres de divulgación del marco normativo aplicable a colegios privados, como parte del plan Defensoría Escolar.

El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, lideró este segundo taller, realizado en la ciudad de Santa Ana, donde afirmó que el propósito es promover y garantizar los derechos de las personas usuarias de los servicios educativos y, al mismo tiempo, que los colegios privados tengan presente las obligaciones que como proveedores de estos servicios tienen respecto de la Ley de Protección al Consumidor (LPC) y la Ley de Educación.

“Hoy, el país está viviendo una serie de transformaciones en muchos ámbitos. Cada vez son más palpables estos cambios; en materia de defensa de los consumidores hemos hecho mucho, el año pasado logramos un monto de recuperación de más de $32 millones”, afirmó el presidente de la Defensoría del Consumidor.

Salazar destacó que han reiterado, a los centros educativos, la prohibición legal de imponer al alumnado la obligación de adquirir en la tienda escolar o en determinado negocio particular, los libros, útiles, vestuario y demás artículos y enseres que demande la institución educativa privada, siendo considerada una falta muy grave, según la Ley de Educación (Art. 98, literal f y Art. 113).

Paralelamente, la Defensoría del Consumidor continúa con el despliegue de inspecciones, en librerías y establecimientos que comercializan útiles e insumos escolares, y brindando servicios de información, asesoría y de atención de denuncias, siempre en el marco del plan Defensoría Escolar 2024.

“Debo informar que, a la fecha, llevamos más de 80 verificaciones, a escala nacional, en diferentes ámbitos del comercio. Me refiero a librerías, almacenes por departamento, supermercados, también a empresas dedicadas a la venta de tecnología y casas comerciales”, detalló Salazar.

Durante las inspecciones se verifica el cumplimiento de las promociones y ofertas de útiles escolares, insumos de tecnología y sus respectivas garantías, también, la publicidad en dichos establecimientos y el comercio electrónico para garantizar que se apeguen al cumplimiento de las obligaciones de estos proveedores en el mercado virtual, y los derechos de las personas consumidoras.

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