La Administración Biden prepara un programa para ofrecer orientación legal a inmigrantes bajo los llamados Protocolos de Protección al Migrante o Permanecer en México, luego de críticas de organizaciones civiles por reiniciar la estrategia sin cumplir con su promesa de apoyo legal
Tomado de La Opinión
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Por La Opinión
Luego de recibir críticas por no asistir legalmente a inmigrantes como se había prometido con el reinicio del programa Permanecer en México, el Gobierno del presidente Joe Biden se alista para implementar un plan de apoyo para los no ciudadanos.
Sin embargo, la estrategia revelada por Axios señala que bajo los Protocolos de Protección al Migrante (MPP), los extranjeros serán “preparados” para el proceso legal ante cortes migratorias, pero no tendrán abogados directamente.
Esro se operará bajo el programa Acceso Legal en la Frontera (LAB), el cual será establecido en San Diego y Calexico, California; Nogales, Arizona; así como El Paso, Eagle Pass, Laredo y Brownsville, Texas.
La Administración Biden espera lanzar el programa en algún momento durante los próximos 60 días, se indicó.
Los servicios legales serán supervisados por la Revisión de Inmigración (EOIR) del Departamento de Justicia, según la portavoz Kathryn Mattingly.
“Será para los migrantes que intenten cruzar la frontera entre EE.UU. y México, aquellos bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza, en el programa MPP o que puedan estar inscritos en MPP o que estén en proceso de deportación”, se cita sobre documentos oficiales publicados SAM.gov.
El 6 de enero, organizaciones civiles que trabajan en la defensa de inmigrantes acusaron que la Administración Biden no estaba brindando la asesoría legal que prometió al reiniciar el MPP bajo una orden judicial.
Yael Schacher, de Refugees International, dijo a la organización informativa El Paso Matters que “la gran mayoría de las personas (en las audiencias del lunes y martes en El Paso) no están representadas”.
La activista aseguró que de los 82 solicitantes de asilo que se presentaron en los dos días solo cinco tenían representación legal, publicó la agencia Efe
