Cortesía de Asamblea Legislativa
La Comisión de Antejuicio comenzó a estudiar la solicitud de la Fiscalía para que se le quite el fuero parlamentario de ARENA, a quien atribuye los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
En la segunda sesión de trabajo de la Comisión Especial de Antejuicio contra el diputado de ARENA, Alberto Romero, se inició el estudio de la petición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que se le retire el fuero constitucional al funcionario que representa al departamento de Cuscatlán. Él es señalado de cometer los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos.
El abogado del diputado del tricolor, Ernesto Parada, solicitó a la mesa legislativa suspender el procedimiento y liberar de cargos a Romero porque, según él, “no hay fundamentos para el desarrollo del proceso”.
Sin embargo, el proceso de antejuicio se está realizando conforme lo establece la ley y a solicitud del Ministerio Público.
El diputado fiscal Geovanny Zaldaña expresó que librar de cargos a Romero, como lo expuso Parada, no es vinculante con los delitos que se conocen en la comisión. Agregó que el parlamentario arenero está retenido, desde el pasado 23 de agosto, por resistencia agresiva, según un informe de la Policía Nacional Civil (PNC).
Asimismo, la diputada fiscal Marcela Pineda rechazó la solicitud del defensor, pues lo que se busca es determinar si hay formación de causa contra Romero para eliminarle el fuero constitucional y que la FGR pueda iniciarle un proceso penal por los referidos delitos, ya que él no ha logrado justificar $1,162,388.05 que tiene distribuidos en cuatro cuentas bancarias.
La parlamentaria señaló que Romero posee otras 28 cuentas de banco, las cuales deberán ser investigadas por las autoridades competentes.
Para continuar con el caso, ambos diputados fiscales ofrecieron presentar pruebas testimoniales, entre ellas las declaraciones testimoniales de Ana Lourdes de Romero y Lourdes Romero de Marroquín, esposa e hija respectivamente del parlamentario.
Además, ofrecieron la declaración testimonial de peritos financieros que realizaron la investigación de enriquecimiento ilícito en el 2020; y la declaración de María de Jesús Guardado, quien fungió como asesora de la Asamblea Legislativa, hasta el 30 de abril de 2021. También la declaración de Ricardo Gutierrez Romero, colaborador administrativo en este órgano de Estado; la de David Fernando Vaquerano, quien laboró como ordenanza de la Asamblea hasta 2018 y quien realizó diversos depósitos monetarios en una cuenta bancaria de la esposa de Romero; y la declaración de Ana Ortiz Lemus, asistente de fracción de ARENA hasta 2018.
Entre la prueba documental está la copia de la documentación legal de la Fundación para el Desarrollo de Cuscatlán y la documentación financiera de dicha asociación.
Caso contra Romero
El proceso civil contra Alberto Romero inició luego de que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) detectara irregularidades en su patrimonio.
El pasado 14 de agosto, la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque lo declaró responsable de enriquecimiento ilícito en los periodos presidenciales del arenero Elías Antonio Saca (2004-2009) y del FMLN Mauricio Funes (2009-2014). A Romero se le ordenó devolver al Estado $445,766.05 y se le inhabilitó para ejercer cualquier cargo público por un periodo de 10 años.
La Fiscalía continúo con las investigaciones y detectó más de una veintena de inconsistencias en el patrimonio del diputado: entre 2011 y 2022, según la institución, el arenero obtuvo ingresos mayores a $1,612.388.00 millones sin que él lograra justificarlos.
El 23 de agosto, en la sesión plenaria 120, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, solicitó a la Asamblea Legislativa que se le elimine el fuero al miembro del tricolor, para poderlo procesar penalmente por los delitos señalados.
Cargos desempeñados por Romero
El parlamentario de la fracción tricolor ha desempeñado el cargo durante 23 años. Entre 2000 y 2006 fue diputado suplente. Desde entonces y hasta la fecha obtuvo una curul como propietario.
Además, Romero fungió como vicepresidente de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa en tres periodos, desde el 2009 a 2015 y de 2018-2021.
El funcionario, quien es ingeniero agrónomo de profesión, también fue jefe de la fracción arenera durante tres años (2015-2018).
El dinero en cuatro cuentas bancarias
De acuerdo a la Fiscalía, el funcionario oriundo de Cojutepeque tuvo ingresos sin justificar de $1,162,388.05, por lo que dicha institución le atribuye los referidos delitos. El enriquecimiento ilícito está tipificado en el artículo 333 del Código Penal y es castigado con una pena de entre dos y cuatro años de prisión. El otro cargo penal está regulado en el artículo 4 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos y tiene una pena de cinco a 15 años de cárcel y la cancelación de 50 a 2,500 salarios mínimos vigentes al momento que se dicte la sentencia.
