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El Gobierno de El Salvador ha trabajado incansablemente para proporcionar soluciones efectivas a la población, implementando estrategias que han significado un respaldo económico para las familias, esto con el objetivo de mejorar su calidad de vida y proteger su bolsillo.
En razón de lo anterior, el presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), Rubén Alemán, explicó que desde julio de este año la Asamblea Legislativa aprobó la Ley transitoria para condonar intereses moratorios y recargos por incumplimiento del pago por deudas provenientes del servicio de agua potable y alcantarillado.
“Desde julio de este año tuvimos en vigencia un decreto de condonación que anuló el 100 % de los recargos de incumplimiento y mora. Este decreto es una herramienta legal que facilita a todos los salvadoreños y usuarios poner sus cuentas al día, buscar ese saneamiento financiero”, dijo el funcionario.
Según Alemán, el decreto transitorio no solo ha resultado en beneficios para las familias salvadoreñas, sino que también se extiende a personas jurídicas, municipalidades y entidades gubernamentales. Es importante mencionar que, inicialmente, el decreto tenía vencimiento en octubre, pero el órgano legislativo aprobó extender la vigencia hasta el 31 de diciembre de este año.
El funcionario dijo que, a la fecha, más de 26,000 usuarios han sido beneficiados, generando un ingreso que supera los $2.7 millones.
Estos fondos se destinarán para respaldar diversos proyectos destinados a mejorar la calidad del servicio proporcionado por la institución. Asimismo, detalló que se ha trabajado con horarios extendidos.
“Las agencias comerciales han ofrecido horarios extendidos y los que más han recibido usuarios son la agencia San Salvador Centro, que recibe alrededor de 6,500 usuarios al mes”, indicó el presidente de la autónoma, quien detalló que también se instalaron agencias móviles para acercar los servicios a los usuarios.
Esta medida demuestra el trabajo que se realiza para aliviar las cargas financieras y fomentar un entorno propicio para el desarrollo económico, abarcando diversos sectores de la sociedad, lo cual es una prioridad para el Gobierno de El Salvador.
