Funcionarios coinciden en que reestructuración municipal ayudará a ahorrar al Estado

Cortersía Asamblea Legislativa

Los representantes de Gobernación, Hacienda, Desarrollo Local, Dirección de Obras Municipales y Centro Nacional de Registros brindaron en la Comisión Política sus opiniones técnicas sobre el anteproyecto de ley para hacer una nueva distribución municipal en el país.

La reorganización de la estructura municipal de El Salvador es un tema importante para los diputados de la Asamblea Legislativa, luego de que el Presidente de la República, Nayib Bukele, presentara la propuesta de disminuir de 262 a 44 la cantidad de municipios.

En ese momento, el mandatario cuestionó cómo en un país tan pequeño, de 21,000 kilómetros cuadrados, haya 262 municipios. “Todos con planillas y gastos administrativos que en la mayoría de casos superan incluso la recaudación de impuestos”, dijo ante los parlamentarios, el pasado 1 de junio, durante su discurso por el cuarto año de mandato.

Como parte del estudio de la iniciativa de Gobierno, los legisladores de la Comisión Política invitaron a cinco funcionarios para que brindaran sus aportes técnicos sobre el anteproyecto de Ley Especial Para la Reestructuración Territorial Municipal: a Juan Carlos Bidegain, titular del Ministerio de Gobernación; a Jerson Posada, viceministro de Hacienda; a Camilo Trigueros, director ejecutivo del Centro Nacional de Registros (CNR); a Ofelia Navarrete (María Chichilco), del Ministerio de Desarrollo Local; y a María Alicia Andino, representante legal de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM).

Los titulares coincidieron en que mediante la reducción del número de municipios en los 14 departamentos se absorberá dentro de los de mayor desarrollo humano, en infraestructura económica, tributaria y administrativa a las jurisdicciones menos favorecidas.

“Este ordenamiento de territorio es lo que dará el impulso para que la capacidad económica y de desarrollo territorial pueda ser impulsada”, aseguró Bidegain. “Básicamente, es una corrección de diseño que por muchos años no ha tenido una sinergia económica entre muchos municipios como para poderse desarrollar”, agregó.

El representante de Gobernación sostuvo que la medida servirá para el crecimiento de aquellos municipios de menor progreso y autosuficiencia. Estos, además, continuarán manteniendo la identidad histórica, socio-humana, tradiciones culturales, sociales y religiosas.

Por su parte, el viceministro Posada comentó que la institución a la que representa ha identificado una serie de beneficios de aplicarse la ley, entre ellos una mayor modernización del Estado, un ahorro en el gasto público (que sería un aproximado de $250 millones), así como una mayor y mejor inversión en obras y servicios de calidad para la población.

También habrá una menor burocracia en las 262 alcaldías actuales, habrá una mayor eficiencia en la administración y se tendrán gobiernos municipales más robustos, debido a que se concentrará todo en 44 gobiernos municipales.

Posada también destacó que se hará un combate directo a la corrupción al momento de las contrataciones de obras y servicios, se tendrá una mejor planificación para el desarrollo y habrá mejores servicios públicos para la población.

Referente a estos beneficios, la ministra Navarrete agregó que este reordenamiento va a contribuir a reducir la dispersión administrativa, contrarrestará el clientelismos electoral, se superará la atomización de la función pública y generará pensamientos incluyentes.

“La administración pública es un servicio y no una manera de hacerse rico, pues limita las posibilidades de corrupción y hay una optimización de recurso humano y se impulsa el desarrollo local”, dijo la funcionaria. “No le tengamos temor a los cambios, porque en sí mismo son buenos”, agregó.

Durante el desarrollo de la sesión de trabajo, María Andino argumentó que una de las principales atribuciones es administrar eficientemente los recursos asignados y, con la reducción de municipios, la coordinación de la DOM será mucho más ágil, pues la institución podrá comunicarse fácilmente con los alcaldes y organizar las obras con mayor rapidez.

Los ahorros del Estado

Con la nueva normativa, el Ministerio de Hacienda estima que el Estado puede ahorrar hasta $250 millones anuales, esto hará más eficiente la administración municipal y permitirá que esos fondos puedan orientarse a mejorar los servicios que reciben los salvadoreños. Además, esto podrá dar paso a ejecutar más obras públicas para el desarrollo.

Los nuevos gobiernos municipales podrán tener una mejor planificación estratégica, con una visión más amplia, también podrán ejecutar una recaudación de tasas más sólidas, lo que permitirá tener finanzas más equilibradas.

Existirá un mejor control del gasto y la inversión pública, eliminando contratos sobrevalorados y actos de corrupción relacionados a los mismos.

Reducción de límites entre municipios

En su exposición, el director del CNR dio a conocer que esta institución posee tres departamentos (Unidad de Garantía Inmobiliaria, la de Catastros Nacionales y la de Registro de Comercio) que tienen mucha relación con la nueva ley para una mayor coordinación de la elaboración de la distribución en un levantamiento de un mapa del país.

Además, Trigueros indicó que parte de los beneficios que el CNR ha detectado es que actualmente hay un total de 715 límites municipales y una vez aplicada la nueva normativa esto se reduce a 100.

“Entre menos límites haya, menos casos de conflictos se generan entre las municipalidades, porque habría una mayor equidad en la distribución del territorio y esto facilita su reordenamiento”, comentó el funcionario.

Trigueros agregó que se generarán catastros municipales actualizados, impactando en la recaudación municipal y en la mejora de los servicios a los ciudadanos. Se superarán las deficiencias técnicas y la falta de recursos de algunos municipios.

“Como CNR se considera positiva la propuesta presentada por el Órgano Ejecutivo, ya que facilitará al ciudadano la obtención de los documentos para sus trámites registrales”, apuntó el titular. “Habrá una mayor claridad para los pobladores en el sentido del pago de sus impuestos municipales y recepción de servicios”, añadió.

Garantía de las plazas laborales

Se mantienen los 14 departamentos, serán 44 municipios y 218 distritos municipales, según lo explicado en la sesión de trabajo de la comisión.

Los municipios estarán compuestos por un alcalde, un síndico y de dos a ocho concejales o regidores propietarios, dependiendo del número de habitantes del municipio, así como cuatro regidores suplentes.

Los concejos municipales deberán aprobar las disposiciones especiales para el tratamiento de los empleados actuales de las comunas absorbidas por los nuevos municipios, quienes conservarán su antigüedad con excepción de los empleados de confianza.

Esta ley no impone ni genera de forma automática la destitución del personal municipal, por lo que se garantiza la estabilidad laboral para los empleados. Se generará ahorros en salarios del personal de confianza y de supervisión que ya no será requerido en los 218 distritos que serán integrados.

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